“Nos declaramos auténticos prisioneros políticos militares del Estado de Chile”, expresaron los condenados por violaciones a los derechos humanos.
Los internos de Penal Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet, solicitaron ser incluidos en el proyecto de ley que busca otorgar indulto por razones humanitarias a las personas que están en prisión preventiva como consecuencia del estallido social.
A través de una carta que está dirigida a los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado, instancia que estudia la iniciativa, reos expresaron que “los prisioneros políticos militares de las distintas ramas de las FF.AA. y de Orden, incluyendo a empleados civiles y soldados conscriptos, que actualmente cumplen condena en los ya conocidos recintos penales Punta Peuco, Colina 1 y Centro de Detención Femenino, viven al día de hoy una grave situación de abandono e injusta estigmatización”.
“Pareciera que a nadie le importa ni le interesa colocar en contexto la verdad de lo que sucedió entre los años 1970 y 1973, incluso la mayoría de aquellos principales actores de esa época, han callado, otros se han dado una voltereta y reniegan de su pasado a conveniencia y el resto justifica su accionar tergiversando la verdad”, sostienen los detenidos.
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Los condenados también señalaron que “actualmente, después de haber pasado ya casi 50 años, los ex militares aún están enfrentando procesos y condenas que a pesar de no existir en Chile la pena de muerte, hoy están condenados a ella, sin considerar que están en esta situación, sólo por cumplir órdenes, como es sabido y se ha señalado públicamente en varias oportunidades”.
“Tampoco se considera que esta población penal (prisioneros políticos militares) sufre enormes problemas de vulnerabilidad por su condición de edad, que conlleva a serios problemas de salud mental como demencia senil, Alzheimer, problemas físicos, sobre todo los que superan los 80 años de edad, teniendo en el CCP Punta Peuco un promedio de edad de 78 años aproximadamente”, añade el documento.
De este modo, los internos señalaron que: “nos declaramos auténticos prisioneros políticos militares del Estado de Chile y, por tanto, conforme a la iniciativa de algunos señores parlamentarios por instalar la idea de un ‘perdón legislativo’, ‘indulto’, ‘amnistía’ o como se le quiera llamar a esta propuesta, que beneficia a saqueadores, violentistas e incendiarios sometidos a prisión preventiva por la justicia por hechos delictuales ocurridos durante el estallido social, agregando además por petición de algunos convencionales, que sean liberados delincuentes-activistas mapuches, solicitamos ser incluidos en esta propuesta o iniciativa que podría llamarse ‘humanitaria’, dado que al contrario, por los motivos y antecedentes expuestos en el presente documento, nosotros no revestimos peligro para la sociedad ni para nadie”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
