El empresario es investigado por la receptación de varios objetos históricos que estaban en su propiedad, entre estos algunas estatuas pertenecientes al Cerro Santa Lucía y el Cementerio General.
En un fallo dividido, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del empresario Raúl Schüler, investigado por los delitos de receptación e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales.
Esta decisión fue tomada a cuatro meses desde que comenzó la indagatoria, por parte del fiscal regional Emiliano Arias y persecutor de la Unidad de Alta Complejidad, Sergio Moya (ambos actualmente enfrentados), y que incluyó un allanamiento de la hacienda del empresario, donde se encontraron cerca de 20 piezas de interés histórico.
Entre los artículos incautados se encontraron esculturas que pertenecían al Cementerio General y el cerro Santa Lucía, que habían sido reportadas como robadas.
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Según reprota Emol, el abogado de Schüler, Carlos Cortés presentó en febrero pasado un recurso de inaplicabilidad ante el TC para dejar sin efecto un artículo de la Ley de Armas el cual no permite penas sustitutivas, remarcando para esto la irreprochable conducta anterior y la avanzada edad del empresario.
Finalmente, esta semana el TC declaró inaplicable el artículo que impedía que Schüler pudiera acceder a una pena sustitutiva en caso de ser condenado. En otras palabras, se permitirá el cumplimiento de la pena en libertad.
“En consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley”, indicó el tribunal.
“La disposición que restringe la aplicación de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima que tiene la pena”, concluye la resolución.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
