A cuatro años de su fallecimiento, se reabrió la investigación penal por las negligencias cometidas contra de la ciudadana haitiana que fue detenida y despojada de su hija, sin posibilidad de comunicarse debido al idioma. El INDH solicitó exitosamente la reapertura acusando faltas del Ministerio Público en las diligencias, como no haber tomado todas las declaraciones.
Tras una solicitud del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó reabrir investigación penal en la causa de Joane Florvil.
Según recordó el INDH, “la mujer de nacionalidad haitiana fue detenida en 2017 y, estando en el calabozo, se provocó autolesiones que requirieron su derivación al Hospital, donde falleció días después“, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
La mujer había acudido al Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria de la municipalidad de Lo Prado, donde solicitó en créole a un guardia que cuidara a su hija de menos de un año durante unos minutos, debido a que su marido había sufrido un robo.
Sin embargo, la municipalidad dio aviso a Carabineros, que detuvo a la mujer, mientras la bebé fue ingresada a un centro de Sename. Dos meses después, cuando ella había fallecido, un tribunal la sobreseyó de forma póstuma.
Por estos hechos, la institución presentó una querella y el pasado viernes se ordenó reabrir la investigación con un plazo de 150 días.
Lee también: Corte Suprema confirmó condena a municipio de Lo Prado por discriminación contra Joane Florvil
En mayo de 2020 la Corte Suprema confirmó la sentencia contra la municipalidad de Lo Prado por el caso de discriminación arbitraria. La condena obligó al municipio a pagar una multa a beneficio fiscal de 5 UTM (alrededor de $250.000) y a capacitar a los funcionarios en la atención de ciudadanos extranjeros que concurran a las dependencias municipales.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público realizó la investigación de los hechos y decidió darle cierre, según informó el INDH, “solicitando el sobreseimiento de la causa por estimar que no había antecedentes constitutivos de delito, ni responsables de estos”.
Frente a esto, el INDH solicitó la reapertura de la investigación por estimar que la investigación del Ministerio Público no estaba agotada, siendo ejemplo de ello el que no se había tomado declaración a todos los funcionarios involucrados, entre otros.
De esta manera, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de reabrir la investigación y realizar todas las diligencias necesarias, para agotar la investigación y determinar los responsables que pudieran estar involucrados en el caso de Joane Florvil.
En palabras del INDH, “el tribunal acogió la argumentación, que apuntaba a que el Estado de Chile tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos, con investigaciones de oficio, oportunas, competentes, realizadas por órganos independientes, exhaustivas y con respeto a la participación de las víctimas y de sus familiares”.
Finalmente, la institución reafirmó que “estas obligaciones son reforzadas al tratarse de una víctima mujer, afrodescendiente y migrante (…) el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha referido al concepto de discriminación interseccional, que surge cuando hay más de un factor de discriminación o exclusión sobre una persona”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
