Diputados de oposición y oficialismo se pronunciaron por el informe de la PDI conocido este sábado. "Estamos hablando de hechos delictuales", enfatizó la diputada Camila Flores (RN).
Diputados de distintos sectores políticos reaccionaron al informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que señala un eventual vínculo de la diputada Catalina Pérez con el delito de tráfico de influencias en el marco de las indagatorias del Caso Convenios.
El senador de la UDI Iván Moreira afirmó que no le cabe duda, por los antecedentes conocidos, “que la diputada Pérez tiene una responsabilidad en el tráfico de influencias“. Además, llamó a no perder el foco, ya que, desde su perspectiva, detrás del Caso Convenios habría una asociación ilícita “para delinquir a través de estas fundaciones“.
Moreira subrayó que la extimonel de RD no es la única responsable en los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. “El Frente Amplio y los mismos dirigentes políticos están buscando un chivo expiatorio, y la diputada Pérez es la persona que están usando para responsabilizarla en esto”, concluyó.
También desde Chile Vamos, la diputada de RN Camila Flores calificó los hechos como “graves” y acusó que “estamos hablando de hechos delictuales, no simplemente de faltas a la probidad”.
En ese contexto, la parlamentaria llamó a Pérez a referirse a los hechos y asumir responsabilidades: “Ojalá renuncie a su fuero parlamentario para se le impute como a cualquier ciudadano y se pueda defender, no desde una posición de privilegio”, manifestó Flores.
Desde la vereda contraria, la jefa de bancada del FA, Camila Rojas, sostuvo que “es un informe que no tiene validez legal. No estamos hablando de una formalización ni de que se estén presentando cargos”. Rojas enfatizó que la diputada Pérez, Revolución Democrática y la colectividad del FA han manifestado estar a favor de las investigaciones y que se asuman las responsabilidades correspondientes
“Tenemos que impulsar que se respeten los procesos y las investigaciones en curso”, argumentó. Además, concluyó que “no ayuda estar haciendo juicios previos.”
Por su parte, la diputada Yovana Ahumada, clave en el inicio de las investigaciones del Caso Convenios al enviar un oficio sobre la transferencia de $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda Antofagasta a Democracia Viva, señaló sobre la presunta participación de Pérez: “Si estaba involucrado su mano derecha, el exseremi Contreras, y también su pareja Daniel Andrade, era imposible que ella no supiera“.
En el marco de la presentación de la campaña “Construyendo Cambios”, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, fue consultado en un punto de prensa por el informe de la PDI y destacó que es “un paso para demostrar que se está investigando en serio“.
“Valoramos mucho que la policía y la Fiscalía esté trabajando en serio buscando a los responsables de los hechos de Antofagasta porque, como ha dicho el presidente de la República, aquí hay que determinar qué responsabilidades se tienen y que los culpables de esto paguen“, concluyó.
Por su parte, el abogado de la diputada Pérez, Gonzalo Medina, afirmó que el informe “no constituye sentencia alguna ni aporte ninguna prueba en relación con la diputada. Es un instrumento más para la investigación”.
En esa línea, descartó cualquier acusación por tráfico de influencias.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
