La iniciativa busca fortalecer la prevención de la discriminación, junto con promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la normativa. Anteriormente, había sido aprobada por el Senado.
Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general el proyecto de fortalecimiento a la denominada Ley Zamudio, por lo que ahora la iniciativa será analizada en comisión mixta.
La idea de legislar fue denegada por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, lo que causó molestia en sectores oficialistas.
El proyecto busca fortalecer la prevención de la discriminación, junto con promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la normativa.
La propuesta se revisó en segundo trámite constitucional, por lo que, tras el rechazo en la Cámara, deberá pasar ahora a una comisión mixta para zanjar las diferencias con el Senado, que ya la había aprobado.
La discusión
En el debate en la Sala hubo polarización en las posiciones expresadas en torno al proyecto. Desde fuerzas políticas de oposición, como el Partido Republicano (PLR), Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y Partido Social Cristiano, entre otros, existieron exposiciones contrarias a la iniciativa. De hecho, varios parlamentarios hicieron reserva de constitucionalidad, entendiendo que algunos de sus preceptos vulneraban diversos artículos de la Constitución.
Además, se acusó que las normas cercenan la libertad de opinión. Se refutó particularmente que se invierta la carga de la prueba y se sancione la omisión. Asimismo, se afirmó que es un proyecto totalitario, ideológico y que destruye la seguridad jurídica.
En un nivel intermedio, desde Demócratas se valoró la ley, pero se estimó que hay materias que mejorar.
Parlamentarios de oposición / AGENCIA UNO
En tanto, el Partido Socialista (PS) y colectividades del Frente Amplio expresaron su apoyo decidido a este proyecto. Se estimó necesaria una actualización después de 12 años de aplicación, incluyendo la realidad actual. También, dijeron que era preciso tener trámites más ágiles y que realmente se apoye a las víctimas.
Junto a ello, se relevó que las normas contenidas en la propuesta van en la línea de los tratados de derechos humanos firmados por Chile. Por otro lado, se llamó a ponerse en el lugar de quienes sufren, día a día, discriminación y que tienen miedo. Asimismo, se pidió evitar nuevos casos como el de Daniel Zamudio.
En la discusión también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien reconoció que en estas materias puede haber diferencias de apreciación, pero resaltó que la propuesta posee una base jurídica sólida. Al respecto, informó que sus preceptos tienen sustento en tratados internacionales vigentes en Chile.
Comentó que también se apoya en resoluciones de la Corte Suprema, por ejemplo, en lo referente a la libertad de expresión. Así, la jurisprudencia apoyaría que bajo ese principio no se puede fomentar el odio. De hecho, sostuvo que la Corte Suprema visó el texto en trámite, dando su aprobación a las enmiendas.
Respecto del tema de la omisión, aclaró que es una norma extraída de la Constitución. Y, entre otras referencias, acotó que la modalidad que invierte la carga de la prueba ya está vigente en el Código del Trabajo.
Luis Cordero / AGENCIA UNO
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa sugiere una nueva definición de sus propósitos y definiciones. Así, se establece que sus objetivos principales sean erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.
También, busca promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Asimismo, instaura un procedimiento judicial especial y rápido que busca restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
La iniciativa redefine, igualmente, el concepto de discriminación arbitraria, ampliando el listado de motivaciones que pudieran sustentarla. Junto a esto, define tres categorías de discriminación, especificaba procedimientos y sanciones y la creaba el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.
