Desde el municipio aseguraron que el superintendente Cristián O'Ryan "miente a todo Chile", luego de que denunciara irregularidades por mas de $4.200 millones en el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La municipalidad de Recoleta negó las irregularidades denunciadas ante la Fiscalía por el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, por más de $4.200 millones en el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
A través de un oficio, la autoridad aseguró que desde 2014, en el municipio hubo saldos anuales no utilizados en la subvención y, al solicitar información, se les respondía que se encontraban disponibles en una cuenta bancaria.
El mismo documento acusa que loss dineros no se veían reflejados en su totalidad en la cuenta, Según O’Ryan, desde el municipio respondieron que los dineros habrían sido utilizados para el pago de remuneraciones.
La situación fue informada al Ministerio Público ya que, según el superintendente, “nos estuvieron mintiendo, engañando, entregando información falsa sistemáticamente” desde la fecha indicada.
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A través de un comunicado, desde la alcaldía aseguraron que no han sido notificados de la acusación ante el Ministerio Público y que tampoco el Departamento de Educación (DAEM) ha sido requerido “en causa alguna referente a presuntas falsedades en declaración de saldos de cuentas SEP, FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) y PIE (Programa de Integración Escolar)”.
Además, aseguran que “en ningún documento emanado del Departamento de Educación de Recoleta (DAEM), que se haya dirigido a la Superintendencia a la Contraloría General de la República se afirma que se hayan mantenido los fondos en las cuentas como saldo líquido. Esto es de una falsedad de proporciones que rechazamos categóricamente”.
“Refutamos las declaraciones del superintendente, pues él miente a todo Chile al afirmar que desde nuestra institución ‘estaríamos mintiendo’ en la entrega de la información, ya que siempre hemos puesto y ofrecido poner todos los antecedentes a su disposición”, continúa el texto.
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En la misma línea, se expresa que “lamentamos que el Superintendente, en su accionar negligente, intente instrumentalizar a los órganos de persecución penal, sin llevar adelante el cumplimiento de los dictámenes de Contraloría referente a la rendiciones del DAEM. Es más, a la fecha no existen respuestas a las peticiones formales”.
“No es efectivo que no hayamos podido presentar antecedentes sobre aquello, esto es más bien al revés, ha sido la Superintendencia la que reiteradamente no nos ha permitido efectuar las rendiciones en conformidad a la ley”, añaden, y aseguran que “ha sido la Superintendencia la que se ha opuesto reiteradamente a recibir nuestras rectificaciones de gastos”.
“Estamos evaluando interponer acciones judiciales contra el Superintendente, ya que sus declaraciones a nuestro juicio podrían constituir graves injurias”, cierra el texto.
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