La acción fue presentada por el ex juez español Baltasar Garzón, en conjunto con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y apunta a la responsabilidad del mandatario en las violaciones de DD.HH. ocurridas tras el estallido social en Chile.
Un recurso en contra del presidente Sebastián Piñera fue ingresado este jueves ante la Corte Penal Internacional por hechos ocurridos tras el estallido social.
La acción fue presentada por el ex juez español Baltasar Garzón, en conjunto con presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
En el documento se solicita que el organismo inicie una investigación contra el mandatario y otras autoridades políticas y policiales “por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” registrados durante las masivas protestas ocurridas que ocurrieron en Chile desde octubre de 2019 en adelante.
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“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, explicaron a través de un comunicado.
Los requirentes sostienen que los casos de “homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias” que ocurrieron durante las protestas forman parte de una “política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.
“Muchas de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009″, añaden.
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Además, sostiene que el país realizó un “grave incumplimiento” de las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), ya que “ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
Finalmente, aseguran que el Poder Judicial ha dado una respuesta “asimétrica”, que se ha expresa “en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha”.
