Crisis de seguridad: ¿Cómo la reforma al Código Penal busca combatir la delincuencia?

En medio de la crisis de seguridad que afecta al país, especialmente a la Región Metropolitana, el presidente Gabriel Boric promulgó este martes la reforma a los códigos Penal y Procesal Penal.

Ambas iniciáticas buscan combatir la delincuencia, por medio de la reducción de la tasa de reincidencia y mejora de la persecución penal de los delitos de mayor connotación social. Esto también contempla el crimen organizado.

La instancia se realizó en La Cisterna y también participaron los ministros Tohá (Interior), Luis Cordero (Justicia) y Álvaro Elizalde (Segpres); junto al alcalde Joel Olmos y parlamentarios de la comuna, tanto del oficialismo, como de la oposición.

Reforma el Código Penal / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejes centrales de la reforma

La reforma introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado.

Junto a ello, introduce normas que consagran medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.

Además, perfecciona las reglas sobre producción de prueba para juicios orales complejos, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas.

La reforma también incorpora reglas para la agilización de los juicios orales; amplía la detención en casos de extranjeros y en casos de crimen organizado; y agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.

Otro punto que indica el proyecto es la incorporación de normas regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas.

Bajo ese parámetro, se incluyen cambios en la Ley 20.000, añadiendo a Gendarmería y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.

Finalmente, la reforma limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud de la Fiscalía.