Según la información entregada a comienzos de octubre por el Ministerio de Hacienda, más de 37 mil funcionarios de la Administración del Estado recibieron el beneficio sin cumplir con los requisitos.
A comienzos de octubre el Ministerio de Hacienda reveló que 437.703 trabajadores dependientes cobraron de manera irregular el Bono Clase Media que ofreció el gobierno por la pandemia. De ellos, se reportó que 37.100 de ellos eran funcionarios de la Administración del Estado.
De acuerdo a lo publicado por Emol, desde la cartera de Interior informaron que se realizaron 30 sumarios internos por esta causa: 4 casos corresponden a la Subsecretaría de Prevención del Delito y 6 a Senda. Por parte de la Onemi no hubo respuesta y en la Subdere afirmaron que si bien podría haber casos, no podían confirmarlos.
El mismo medio señala que el Ministerio de Obras Públicas confirmó que hay una investigación en curso, pero no entregaron números, al igual que la cartera de Justicia. Desde Transportes afirmaron que el tema se está indagando y Saludo dijo no tener información al respecto. El resto de los ministerios no entregó respuesta alguna.
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A su vez, el Pleno de la Corte Suprema ordenó realizar sumarios a 230 funcionarios pertenecientes a la Academia Judicial, al Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, aunque aclaraon que no hubo ministros, jueces ni relatores involucrados.
Se informó además que el Tribunal Constitucional abrió dos sumarios, que se tratarían de un trabajador de la secretaría y de un chofer de uno de los ministros.
En las policías también se reportaron una gran cantidad de casos. Carabineros reportó que hubo 1.370 funcionarios que cobraron de forma indebida el beneficio estatal, mientras que la PDI confirmó 48.
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Esta última institución señaló a Emol que se tomarán “las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectadas sus remuneraciones y que estaba al tanto de las implicancias administrativas en el caso de solicitarlo”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
