Un reportaje de Ciper reveló fallas, dudas y descoordinaciones del Minsal durante el primer período de la pandemia del COVID-19 en Chile. La investigación de un año consistió en la revisión de más de 1 millón de páginas de texto y cientos de archivos adjuntos. Esta confirmó, entre otras cosas, que “algunas decisiones relevantes” eran tomadas sin la necesaria participación de expertos técnicos de Salud, entre otros.
Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló las discrepancias por el manejo de cifras durante la pandemia de COVID-19, situación en la que el número de fallecidos alcanzó casi el doble a los que llegó a informar durante el primer semestre de 2020 Jaime Mañalich, ministro de la cartera de ese entonces.
La investigación consistió en el estudio de cerca de 72 mil correos electrónicos -a los cuales se pudo acceder tras fallo judicial-, con 1.156.230 páginas de texto, entre las cuales había cientos de archivos adjuntos, cruces de información y chequeos de datos. También contempló la realización de entrevistas y consultas a personas relacionadas.
“Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo del ministro”
Entre los primeros aspectos que fueron indicados por Ciper está el “cómo los errores e inconsistencias en el manejo de las cifras de contagiados y fallecidos provocó gruesas fallas por parte del Ministerio de Salud (Minsal)”. Esto, al menos, al principio de la emergencia sanitaria en Chile.
Por ejemplo, se confirmó que hubo meses en los que la cifra de decesos que se daba a conocer era casi duplicada por la estadística interna. Esta falencia solo fue transparentada con la salida de Mañalich del Minsal y el arribo de Enrique Paris.
Sin embargo, “en la revisión, Ciper no encontró pruebas de que esos errores fueron intencionales. Pero los archivos sí dejan en evidencia que al menos desde mayo de 2020 las entonces jefaturas del Minsal estaban en conocimiento de que las cifras de fallecidos que se entregaban al público y los datos internos no cuadraban”, indicó la investigación.
El medio detectó 21 correos electrónicos en los que se advertía a las autoridades que había problemas con las cifras de personas fallecidas, y no solo en el número de decesos que se conocía públicamente era inferior a que manejaba el equipo del Minsal, “sino que el sistema Epivigila presentaba fallas (…). Hubo casos donde personas que habían muerto producto del COVID-19 aparecían vivas en Epivigila, u otros en que los registros estaban duplicados”.
Esto fue indicado por la Contraloría General de la República (CGR). En agosto de 2020, el ente regulador señaló que el 10 de junio de 2020, el Minsal comunicó públicamente que los fallecidos producto de la pandemia de COVID-19 en Chile eras 2.475 personas. Sin embargo, los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) indicaban que los muertos relacionados con el COVID-19 eran 4.675.
“En la investigación penal que comanda la Fiscalía, proceso que sigue abierto, declaró la entonces jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas), Johanna Acevedo. Allí indicó que el gabinete del ministro Mañalich utilizaba un sistema propio de conteo de fallecidos, y que esas cifras no calzaban con la que manejaba el equipo técnico del Minsal”, explicó el medio citado.
De hecho, Rodrigo Fuentes, jefe del Departamento de Epidemiología, dio cuenta de esta situación a Acevedo el 12 de mayo de 2020, señalando un problema en la elaboración de reportes: “Tenemos el siguiente problema con nuestro informe epidemiológico corto. Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de fallecidos que tenemos en Epivigila vs. la cuenta pública del ministro sigue aumentando. Específicamente no podemos hacer la tabla 4 del informe (y varios otros gráficos y tablas que ocupan esta cifra y que tenemos a mano), razón por la cual no pudimos publicar el informe ayer hasta no tener claridad de esto”.
La respuesta fue encontrada en la carpeta Emails eliminados de Acevedo, la cual quedó respaldada en el servidor del Minsal: “Solicito urgente enviar la planilla de fallecidos para poner al día los datos“.
La situación también fue expuesta por Ciper en un reportaje que fue publicado el 13 de junio de 2020, donde daban a conocer diferencias entre las cifras del Minsal y las que se le daban a conocer a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese mismo día, Mañalich renunció a su cargo y asumió Enrique Paris, quien entre sus primeros ajustes fue actualizar los indicadores de personas fallecidas.
Toma de decisiones
Otro punto que fue revelado con la revisión de correos es que hay evidencia de que “algunas decisiones relevantes” eran tomadas sin la necesaria participación de expertos técnicos de la secretaría de Salud. De hecho, el protagonismo de asesores del entonces presidente Sebastián Piñera fue mayor del que se conocía hasta ahora: Benjamín Salas Kantor, uno de los colaboradores del exmandatario e hijo de la exministra del Deporte Pauline Kantor, también se le enviaba información sobre cruce de datos.
El medio también dio cuenta que “hay episodios desconocidos, como las asesorías realizadas al Minsal por una reconocida empresa de lobby y la práctica de algunos hospitales de cambiar los certificados de defunción a solicitud de las familias de los fallecidos para poder realizar funerales sin las restricciones que imponía la pandemia”.
Además, indica que hubo “muchas veces” en que se tomaron decisiones en el Gobierno sin considerar la oposición de los expertos de Salud. También aparecen discrepancias, como el uso de cloroquina en pacientes contagiados”.
Otros antecedentes
La investigación indicó que en febrero de 2020, casi un mes antes del anuncio oficial, el Minsal ya tenía conocimiento casos sospechosos de COVID-19: “El primer correo registrado en los archivos que contienen los emails enviados y recibidos por Jaime Mañalich, es uno enviado a la entonces jefa de gabinete y brazo derecho del exministro, Itziar Linazasoro. Un miércoles de febrero, ella recibió un correo con los cuatro primeros casos sospechosos de coronavirus en Chile, al menos registrados en las cadenas de mails entregadas a Ciper”.
No obstante, el 1 de marzo todos los casos que hasta esa fecha se mantenían como sospechosos fueron descartados por el Instituto de Salud Pública (ISP).
“Entre los correos también aparece una consulta realizada el 10 de junio de 2020 por un médico que formaba parte del Consejo Asesor, una entidad que se creó para apoyar al Minsal durante la pandemia, independiente del gobierno, conformada por especialistas externos y funcionarios de la cartera, que no recibían remuneración. El médico, cuyo nombre aparece tarjado, le consultó a Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria, si podía configurarse un conflicto de interés si él realizaba asesorías en materia de pandemia para la transnacional Pepsi Co.”, dice el medio.
En la instancia, Acevedo le consultó al jefe jurídico del Minsal Jorge Hubner, con copia a la subsecretaria de Salud Pública en ese entonces, Paula Daza, sobre la situación. Se le respondió que no existía conflicto.
También se hace mención a la consulta al interior del Minsal en julio de 2020, sobre si es que se puede modificar un certificado de defunción por COVID-19 en caso de PCR negativo.
“Solicito un pronunciamiento sobre la legalidad e implicancias jurídicas de la reemisión de certificados médicos de defunción, según correos de arrastre. A nuestro juicio, desde el punto de vista técnico, un resultado negativo de PCR no descarta la enfermedad con certeza y deberían primar los criterios clínicos”, dice un correo de Acevedo a Hubner.
“En el caso que es negativo y en buena hora en el Hospital Regional de (dato anonimizado), debido a las destacadas gestiones de laboratorio y la dirección, es necesario o es obligatorio volver a repetir un certificado de defunción. Pregunto esto, ya que, muchas veces se nos solicita repetir un certificado, para dar la sepultura deseada por familiares y se nos genera un problema, al repetir un documento legal (…) en este caso se volvió hacer un nuevo certificado de defunción”, agrega.
Hubner respondió de forma tajante: “En el caso de la certificación de las causas de muerte en fallecimientos relacionados con el COVID-19, siempre debe primar el criterio médico, independiente del resultado de la PCR. Si el médico consideró que el cuadro clínico del fallecido (…) hacía sospechar que el COVID-19 pudo haber formado parte de la cadena de eventos que lleva a la muerte, debe constatarlo en el certificado de defunción. Este documento no se debe cambiar a petición de la familia o si después de emitido llegara una PCR negativa, ya que le repito, debe primar el criterio clínico“.
