“Responsabilidades políticas”: El lapidario informe de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios contra Miguel Crispi

Este miércoles se dieron a conocer las principales conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados denominada como Caso Convenios 2. El documento -que fue votado de forma unánime por los parlamentarios integrantes de la instancia- apunta a responsabilidades políticas de personeros del Gobierno del Presidente Boric detrás de las irregularidades que se acusa en la entrega de fondos públicos a fundaciones.

En ese sentido, el informe sostiene que “es muy preocupante que la relación de cooperación público-privada en la provisión de bienes y servicios públicos se vea empañada por el mal uso de un sistema de transferencias mediante convenios, dado que el desarrollo del país y la persecución del bien común mediante la colaboración entre el Estado y los cuerpos intermedios es parte del ADN de nuestro ordenamiento jurídico”.

Posteriormente, el texto plantea que “cuando comenzó la investigación del caso fundaciones, se hablaba de un monto defraudado cercano a los $ 14.215 millones, sin embargo, a un año, el monto total asciende a $89.740 millones de pesos. Estos montos aún son objeto de investigación, pudiendo variar”. Del mismo modo, se sostiene que “debido a esta lamentable cifra, el conocido como: “Caso Fundaciones”, se puede considerar como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad“.

Los dardos a Miguel Crispi

A continuación, en el documento se abordan las conclusiones particulares, las que apuntan a tres miembros del gobierno: la directora del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, Daniella Caldana; la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari; y el ex subsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

Respecto a los apuntados, el informe de la comisión investigadora sostiene que “esta comisión hace presente que hubo hechos que no fueron debidamente observados, los cuales -de haber sido atendidos a tiempo- habrían permitido prever, o al menos contener, la crisis que surge producto de la entrega de fondos públicos a entidades privadas sin fines de lucro”.

Dentro de las conclusiones finales, se hace una referencia particular al caso de Crispi: “Llama la atención, que a la fecha, el Gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a la fundación Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento, como el caso del ex Subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi, y el proyecto de ProCultura para pintar fachadas en la región de Antofagasta, el cual fue aprobado por el GORE y validado por el ex subsecretario“.

En relación con las conclusiones de la instancia, el presidente de la Comisión Especial Investigadora, el diputado Rubén Oyarzo (IND), aseguró que “existe responsabilidad política y que el Gobierno actuó débil”.

El parlamentario destacó que en el informe “se habla de responsabilidades políticas en el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, Daniela Caldana. Se habla de responsabilidades políticas a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Y se habla también de responsabilidades políticas de Miguel Crispi”.

“Creo que este informe, que es contundente y que es aprobado desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, nos da la línea de que el Caso Convenios no fue solamente Democracia Viva, sino que esa fue la punta del iceberg. Y que se habla del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Culturas, pero además de los gobiernos regionales”, sentenció.