Los principales cuestionamientos a la normativa son que afectaría principalmente a la población más vulnerable y que en las cárceles ya hay un alto nivel de hacinamiento. El subsecretario aseguró que “la ley se va a aplicar a todas las personas, sin discriminación".
Diputados del Partido Socialista (PS) anunciaron que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la ley que aumenta las penas para quienes infringen las medidas sanitarias y que fue promulgada este jueves por el presidente Sebastián Piñera.
De acuerdo a Marcos Ilabaca, la legislación “busca sancionar a la gente más humilde“.
La ley aumenta las penas a períodos que fluctúan entre 61 días hasta tres años de presidio y las multas alternativas entre 10 y 200 UTM (desde los $500 mil a los $10 millones).
En entrevista con CNN Chile, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió a las voces críticas y dijo que “a lo que apunta el proyecto de ley es a dar la señal correcta”.
Galli afirmó que “la ley se va a aplicar a todas las personas, sin discriminación, y por lo tanto aquí no hay un enfoque ni en vulnerabilidad”.
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“Igualdad ante la ley. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de los chilenos ha entendido el mensaje y hay mucha ansiedad en la población de no contagiarse de COVID-19, pero hay una minoría que no entiende el mensaje y que sigue saliendo, desplazándose, no guardando cuarentena y no cuidándose adecuadamente”, manifestó.
Las críticas a la nueva normativa también han hecho notar que el hacinamiento en las cárceles de Chile dificulta el cumplimiento de estas sanciones. Ante esto, el subsecretario explicó que la ley permite el cumplimiento de la pena a través de trabajos comunitarios para aquellas personas sin antecedentes, “para no congestionar nuestros recintos penitenciarios”.
En cambio, “agrava para aquellas personas que son especialmente irresponsables, por ejemplo, aquella persona que a sabiendas de estar contagiado de COVID-19 o de una enfermedad, incumple las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. En ese caso la pena es aún más alta y puede llegar a cinco años de presidio”.
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