De acuerdo al abogado Francisco Cox, el equipo realizó más de 270 entrevistas y tuvo acceso a videos sobre violaciones a los DD.HH. Además, reiteró que las conclusiones son “sólidas y contundentes”.
El abogado chileno e integrante de la Misión Internacional de la ONU para la investigación sobre Venezuela, Francisco Cox, respondió a las críticas emanadas desde el Partido Comunista (PC) contra el informe que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa a humanidad.
A través de una declaración pública, el PC manifestó que el informe “es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas”.
En conversación con Cooperativa, Cox se refirió a tal declaración y explicó que en enero de 2020, cuando recién se había constituido la Misión, escribieron a la delegación de Venezuela en Ginebra para reunirse.
“A partir de ahí hicimos diversas solicitudes de ingreso al país, y ninguna fue respondida. Es más, cuando ya teníamos el último borrador del informe le pedimos al gobierno de Venezuela que nos señalara un canal de envío para recibir sus observaciones y comentarios, y eso no fue contestado”, aseguró.
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El abogado sostuvo que para la elaboración del documento se realizaron más de 278 entrevistas a distintas personas, incluidas víctimas, testigo de violaciones a los Derechos Humanos, y ex miembros y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.
Junto con eso, tuvieron acceso a documentación y a videos geolocalizados sobre algunas de las violaciones a los DD.HH.
Por último, Cox afirmó que “esto de cuestionar la validez del informe por las fuentes o la metodología no tiene mucho sustento, no es la primera Misión a la que un país no deja ingresar, y el Gobierno de Venezuela decidió ni siquiera contestaros”.
“Las conclusiones y la información son sólidas y contundentes”, insistió.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
