La prestigiosa revista internacional de ciencia publicó un artículo dedicado a analizar las opiniones a favor y en contra de las referencias del borrador de nueva Constitución sobre ciencia, tecnología, investigación, naturaleza y cambio climático, realizando un balance positivo, argumentando también sobre la postura de distintos científicos.
La revista internacional de ciencia Nature publicó el pasado viernes un artículo en el que listó detenidamente, con base en la comparación y las investigaciones de otros científicos, los artículos del borrador de nueva Constitución relacionados con la ciencia, tecnología, investigación científica y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas.
La publicación catalogó el texto como un “nuevo best seller“, indicando que gran parte de las y los investigadores nacionales en ciencia han estudiado el texto, encontrando “muchas cosas que les gustan”.
Sin embargo, también consignó que “a pesar de haber sido redactada por un grupo diverso, la visión del futuro de Chile no ha ganado el favor de todos. Algunos académicos lo rechazan. Y varias encuestas muestran que la mayoría de las personas planean votar en contra”.
Asimismo, destacó desde su línea editorial que “contiene una serie de artículos diseñados para impulsar la ciencia, expandir la protección ambiental y mejorar el sistema educativo de la nación“.
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Garantías y aspectos positivos
Por otro lado, citaron al sociólogo José Ortiz Carmona, que en un informe de 2021 titulado “Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento en las Constituciones del Mundo” comparó cómo se representa la ciencia en 193 constituciones, sosteniendo que la Carta Magna de 1980 “contiene solo menciones breves y débiles de la ciencia”.
En detalle, el artículo de Nature recordó que aunque “de manera similar a la Constitución actual, la propuesta de exige que el Estado ‘estimule‘ la ciencia y la tecnología, algo crucial para un país que, durante la última década, ha invertido sistemáticamente menos del 0,4 % de su PIB” en estos campos, el borrador “va más allá” y “en uno de sus artículos dice que el Estado debe apoyarse en la ciencia para asegurar la ‘mejora continua‘ de los servicios y bienes públicos“.
Entre otros objetivos, la revista destacó el de “descentralizar la investigación“, la obligación del Estado de “garantizar la libertad de investigación“, así como el acceso a una educación “universal, inclusiva y gratuita para todos”.
Sobre el medio ambiente y el cambio climático, puso el foco en “el deber de prevenir y adaptarse a los riesgos de las crisis climática y de biodiversidad, así como mitigar sus efectos”, citando además a Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Investigaciones sobre el Clima y la Resiliencia de Santiago: “Considera que el ser humano es parte de la naturaleza y, por tanto, su cuidado es una condición para la supervivencia humana”.
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Así también, valoró que “el documento dice que la naturaleza tiene sus propios derechos, como también que “busca proteger los derechos de los pueblos indígenas”.
Inseguridades
No obstante la visión positiva, dieron espacio a aquellas voces con ciertos reparos, como la de José Manuel Jiménez, farmacólogo y secretario de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, quien manifestó que, aunque se supone que el sistema educativo debe recibir financiamiento “permanente, directo, pertinente y suficiente”, la investigación no parece tener la misma consideración, por lo que “podría abrir la puerta a que el gobierno reduzca la ciencia cada vez que los tiempos sean difíciles“.
También fue consultada Soledad Bertelsen, investigadora jurídica de la Universidad de Los Andes en Santiago, a quien le ha preocupado la “carencia de alguna mención a los derechos de propiedad intelectual“, que sí están garantizados en la Constitución actual, argumentando que los empresarios podrían decidir sacar sus inversiones de Chile.
