Una serie de figuras vinculadas al ámbito de las políticas públicas se han referido a la situación que afecta a la ciudad de Osorno, que sufrió nuevos cortes del suministro de agua a las pocas horas de que fuera repuesto durante el mediodía del miércoles.
Distintas figuras vinculadas al ámbito de las políticas públicas se han referido a cuáles deberían ser las medidas a seguir en medio del corte del agua potable que ha afectado a la ciudad de Osorno durante una semana.
La crisis se inició luego del derrame de petróleo que afectó a las instalaciones de la empresa Essal y que se originó tras el incumplimiento de los protocolos para el procedimiento.
La situación además se agudizó debido a que, pese a que el suministro se restableció al mediodía del miércoles, eso sólo duró unas pocas horas y ya durante la tarde se volvieron a efectuar nuevos cortes.
Entre quienes se manifestaron en torno al tema se encuentra el ex presidente Ricardo Lagos, quien durante esta mañana en el matinal Bienvenidos (Canal 13) insinuó que “el Estado puede ponerle término anticipado” a la concesión de la sanitaria. “Esta crisis obliga a repensar muchas cosas, ha llegado el momento quizás de hacer un nuevo debate (sobre el control de las aguas)”, agregó.
También el Superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, manifestó “estar indignado” con el actuar de la empresa debido a que fue su versión la que llevó al presidente Sebastián Piñera a dar por superado el incidente en medio de su viaje a Osorno.
Además, señaló que la ley vigente hace 30 años “se quedó corta”, instó a que sea modificada, y ha insistido en la presión para que el Gobierno endurezca su postura.
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Por otra parte, en conversación con La Segunda, el abogado constitucionalista Fernando Atria (PS) señaló que le llama la atención que las autoridades se apresuren a decir que no habría posibilidad de poner en cuestión la concesión. “Eso es gratuito. La ley sí lo permite, le da al Presidente de la República la facultad”.
Lo anterior debido a que la Ley de Servicios Sanitarios contempla, en su artículo 26, la posibilidad de que el o la mandataria en ejercicio, mediante decreto, declare caducadas las concesiones si la empresa no garantiza la calidad y continuidad del suministro, salvo por razones de fuerza mayor (hechos inevitables o imprevisibles). Pero para ejercer esa facultad, el Presidente debe basarse en un informe técnico.
En la misma línea, el periodista John Müller, quien es originario de la ciudad afectada, fue más severo y en una columna de El Mercurio afirmó que “el simple hecho de dejar sin agua potable a una ciudad del tamaño de Osorno merecería una sanción ejemplizadora como la retirada de la concesión”.
Finalmente, el también abogado constitucionalista Francisco Zúñiga (PS) indicó que, desde su visión, “efectivamente lo más simple sería un estado de excepción, como el Estado de Catástrofe, frente a la anormal funcionamiento de servicios públicos, ahora podría ser poco práctico y poco operativo porque el problema es el suministro de agua”.