El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN) señaló que, a primera hora de este viernes, ofició a las ministras “pidiéndoles que me indiquen cuáles son específicamente los 139 casos".
Este jueves, las futuras ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron que “una de las primeras medidas del Gobierno será el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco del estallido social”.
El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, manifestó sus discrepancias respecto a esta medida. “La acción estatal siempre debe poner por delante la seguridad y protección de las personas, en especial aquellas que han sido víctimas de acciones y/o omisiones del Estado”, dijo.
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A través de un comunicado, el parlamentario señaló que, a primera hora de este viernes, ofició a las ministras Siches y Ríos “pidiéndoles que me indiquen cuáles son específicamente estos 139 casos (…) Confiamos que dicha información nos será enviada a la brevedad”.
“Solicitamos al Ministerio Público que esta decisión no implique aminorar la investigación de los delitos. Entendemos que se trata de delitos de acción penal pública, donde la Fiscalía tiene el deber de actuar de oficio. Por ende, creemos que el hecho de que el Gobierno se reste de dichas causas no significa en ningún caso que estas terminen, sino al revés: exige a la Fiscalía una especial dedicación para tranquilidad de la opinión pública”, agregó.
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Por otra parte, Schalper solicitó al Gobierno que, en una eventual mesa de trabajo en materia de reparación, “se incorpore a la oposición y a todas las víctimas sin distinción. El Gobierno tiene claro que cualquier acción que se realice en esta dirección requerirá la concurrencia del Congreso, donde nuestras fuerzas políticas representan una proporción indispensable para la aprobación de cualquier acción reparatoria”.
Finalmente, el diputado pidió una audiencia con el ministro de Economía, Nicolás Grau, para que reciba “a los emprendedores y comerciantes dañados por la violencia política, de manera que precise con claridad cuáles serían los apoyos que recibirán por parte del Gobierno”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
