Seis funcionaros del SII han declarado en calidad de testigo en el marco del Caso Audios
Por CNN Chile
22.11.2023 / 18:36
Hasta ahora, seis funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) han declarado como testigos ante el Ministerio Público en el marco de la investigación del denominado Caso Audios, que reveló el pago de coimas a funcionarios públicos e involucra al abogado Luis Hermosilla.
Seis funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) han declarado hasta el momento como testigos en el marco del denominado Caso Hermosilla; cinco en la Fiscalía Metropolitana Oriente y uno en la Región de Arica.
El polémico caso salió a la luz luego que se filtrara un audio en el que el abogado Luis Hermosilla reconoce pagos de coimas hechos a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El caso involucra también a la abogada María Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer.
Cabe recordar que durante esta semana el director del SII, Hernán Frigolett, dio a conocer la suspensión de cinco funcionarios presuntamente involucrados en el caso.
Entre los trabajadores suspendidos del ente tributario se encuentra Christian Soto, el ahora exdirector del departamento de Grandes Contribuyentes.
Creación de una comisión especial investigadora
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta mañana la creación de una comisión especial investigadora (CEI) para el denominado Caso Audios.
En total fueron tres solicitudes se presentaron en la corporación esta mañana.
La primera fue impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri para investigar las “mafias de la evasión y la regulación del mercado financiero”; la segunda por la bancada del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes; y la tercera por diputados del Partido De la Gente (PDG).
Además, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) anunció la presentación de una querella en el marco de la investigación que será ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía y busca perseguir el cohecho agravado cometido por funcionarios públicos, descrito como delito en el Código Penal.