La postura en contra de la oposición hacia la financiación pública de terapias hormonales para menores de edad generó un amplio debate al interior del Senado, el que involucró aspectos claves como el consentimiento de los padres y el acceso a estos tratamientos.
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la partida de salud del proyecto de Ley de Presupuesto de 2025, sin revisar las glosas rechazadas previamente por la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta de Presupuestos.
El acuerdo alcanzado con el Ejecutivo permitió avanzar rápidamente en la tramitación, considerando que gran parte de los puntos en debate ya habían sido acordados en el protocolo presentado por la ministra Ximena Aguilera el martes.
En la sesión, se destacó el aumento de recursos destinados a reducir las listas de espera en el sistema de salud, con un incremento de $73.000 millones adicionales al programa de contingencia.
También se celebró la aprobación de medidas para materializar la Ley Nacional de Cáncer, lo que incluirá nuevas canastas de tratamiento para pacientes con cáncer de mama triple negativo y una mejora en las cirugías reconstructivas.
Además, se acordó un aumento en la formación de especialistas con la asignación de $1.600 millones. Asimismo, se aprobó reponer recursos para hospitales concesionados, una indicación que había sido rechazada por la Cámara Baja la semana pasada.
Otro punto clave fue la incorporación de los Gobiernos Regionales (GORE) para financiar contingencias operacionales, aunque con limitaciones a gastos transitorios.
La ministra Aguilera subrayó que la reducción del ausentismo en el sector salud contribuirá a financiar el aumento del presupuesto para listas de espera, destacando el compromiso del Gobierno en mejorar la atención y la gestión del sistema de salud pública
Sin embargo, la oposición mantuvo su postura respecto a las terapias hormonales para menores de edad, estableciendo que el Ministerio de Salud no podrá financiar este tipo de tratamiento.
Esta decisión generó un amplio debate entre los parlamentarios sobre el consentimiento de los padres, el acceso a estos tratamientos y el programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) del Ministerio de Desarrollo Social.
“Lo que pasa es que es una terapia que no conocemos cuáles son los efectos que va a tener en el futuro y que, finalmente, los niños pueden terminar sufriendo consecuencias”, sostuvo el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards.
“No basta con la voluntad de ambos padres, de los tutores legales, sino que, además, tiene que estar el médico. Lo que va a ocurrir es que solamente aquellos que tengan el bolsillo para poder financiar aquello van a poder efectivamente acceder a este tipo de tratamiento y, sinceramente, creo que, si hay algo doloroso es a aquellas familias que les toca padecer esta situación”, enfatizó por su parte Felipe Kast de Evópoli.
