La iniciativa establece que las instituciones deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, la cual deberá ser construida con la participación de todos los estamentos. Además, las entidades tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de los protocolos.
Este jueves, el Senado aprobó por 26 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, el proyecto que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en instituciones de la educación superior.
De este modo, la iniciativa quedó en condiciones para ser promulgada por el Ejecutivo a través del presidente Sebastián Piñera y con ello convertirse en Ley de la República.
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La normativa busca “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior”, con el fin de generar ambientes seguros para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas.
Para ello, las instituciones comprometidas deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar dichos delitos.
La definición de acoso sexual que establece el texto señala que se tratará de cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.
El proyecto establece que las casas de estudio deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.
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El proyecto señala que las instituciones que no adopten la política integral no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
De este modo, las casas de estudios tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.
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— Senado Chile (@Senado_Chile) August 5, 2021
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
