Las multas serán de hasta 48 millones de pesos para quienes decodifiquen ilegalmente las señales de televisión satelital y vendan servicios como IPTV.
Por 17 votos a favor y una sóla abstención, el Senado despachó a ley el proyecto que pretende sancionar a quienes decodifiquen de forma ilegal las señales de televisión satelital de pago, con multas que pueden llegar hasta los $48 millones.
La moción permite cumplir los estándares y compromisos internacionales (OCDE y Citel) para evitar el “pirateo”, y quedó en condiciones para convertirse en ley promulgada por el Presidente.
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Según explican desde el Congreso, este proyecto busca proteger “la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de los servicios limitados de televisión, sancionando a quienes lucren ilícitamente mediante la comercialización indebida de instrumentos o programas que permitan decodificar señales”.
Las multas serán desde las 10 UTM (500 mil pesos) hasta las 1.000 (48 millones de pesos) para quienes “comercialicen o distribuyan una señal de servicios limitados (originales protegidos)”, así como también para los que “importen, distribuyan o comercialicen dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación” ilegal.
Asimismo, la ley sancionará a quienes presten servicios de instalación de estos dispostivos, con multas que van desde 1 UTM hasta las 100 (casi $5 millones).
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El documento indica a su vez que los establecimientos que comercialicen dispositivos para captar los servicios limitados de televisión tendrán que exhibir, de forma destacada y didáctica al público, las prohibiciones mencionadas antes.
Tras darse a conocer la decisión del Senado, el director legal de DIRECTV Chile, Gianpaolo Peirano, se mostró a favor de la medida y recalcó que este proyecto “no se busca perseguir a los clientes, sino que sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago”, según recoge BioBioChile.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
