Si bien esta jornada estaba la intención de votar sobre el proyecto de reforma que habilita un nuevo retiro de fondos de las AFP, no alcanzó el tiempo para terminar el debate y llevar a cabo su votación, la que se postergó para este jueves.
Cerca de las 18 horas inició la votación en el Senado de la reforma constitucional que permitiría el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, iniciativa impulsada por la diputada Pamela Jiles (PH) y que el gobierno -anunció- llevará al Tribunal Constitucional.
La reforma fue aprobada por 130 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados el 10 de noviembre, tras un expedito paso por la Comisión de Constitución. En ambas instancias, fue apoyada por la oposición y una parte importante del oficialismo.
Si bien se pensaba que podía contar con los votos necesarios de Chile Vamos para su aprobación, durante las últimas horas, y tras la presentación de un proyecto del gobierno que también permite el retiro parcial de los fondos de pensiones, esto se ha puesto en duda.
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El Ejecutivo anunció el domingo que objeta la constitucionalidad del retiro propuesto desde la Cámara, por lo que aseguró que lo llevará ante el TC.
En su segundo trámite, la iniciativa deberá ser votada en la Cámara Alta, que podrá realizar cambios al proyecto. Si eso sucede, el proyecto debiera volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para que estos ratifiquen los cambios.
En tal caso, las diputadas y diputados deberán votar a favor o en contra de las modificaciones. De ser aprobadas, el proyecto quedaría en condiciones de convertirse en ley. Si existen diferencias, se debería crear una comisión mixta que zanje dichos asuntos.
Sin embargo, presionados por la agenda legislativa, los parlamentarios no alcanzaron a votar el proyecto. Fue así que luego de las intervenciones de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se dio por suspendida la sesión para retomar la discusión en torno al presupuesto 2021.
👉🏽 Con la intervención del senador @adeurresti, presidente de la comisión de Constitución, se inicia discusión de la reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales.
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Las palabras en la Cámara Alta se iniciaron con la intervención del presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, quien detalló en qué condiciones terminó este proyecto de reforma que habilita un segundo retiro.
Luego vendrían las palabras de la senadora Isabel Allende (PS), quien puso énfasis en que “una vez más estamos teniendo que legislar” debido a que el gobierno habría tenido “políticas insuficientes, lentas y decrecientes” para asistir a las familias afectadas por la pandemia.
“Contra todos los pronósticos del primer retiro que se iba a destruir la economía, la campaña de terror, no fue así. Y no sólo no fue así, sino que permitió a muchas familias pagar sus deudas, sobrevivir“, dijo la parlamentaria.
A ella le seguiría el senador Alejandro Guillier (independiente), quien criticó la falta de ayuda que habría sufrido la clase media del país. “Me parece que la posibilidad que ellos tengan un segundo retiro es perfectamente legítima“, dijo.
Luego sería el senador Rabindranath Quinteros (PS), quien reiteró sus críticas al actuar del gobierno y aseguró que respaldar este proyecto “no es un acto de populismo ni seguir la voz de la calle ni las redes sociales, ni de despreciar la opinión de los expertos”.
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Al parlamentario socialista le seguiría Francisco Chahuán (RN), quien destacó la posibilidad de respaldar el proyecto del gobierno ya que no tiene “vicios de constitucionalidad” y habría quedado en términos similares al proyecto de reforma. “Espero que seamos capaces de respaldar la decisión del gobierno de darle un soporte al sistema de pensiones. Creemos que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legislar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios“, dijo.
Luz Ebensperger (UDI) fue la senadora que continuó con las intervenciones, repasando las ayudas que ya ha entregado el Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus. “Todo lo que se hace sólo se critica. Falta mucho por ayudar, sí, probablemente. Tenemos gente que lo necesita aún. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay que pasar a llevar la institucionalidad para ayudar a la gente? Yo soy de aquellas que cree que no hay que hacerlo“.
El senador Jaime Quintana (PPD) sería el siguiente en intervenir en la sala, planteando que el hecho de recurrir a los fondos propios de las personas no fue algo motivado por la oposición, sino que fue el mismo gobierno el que abrió esa puerta al crear la Ley de Protección del Empleo que utilizaba los fondos del seguro de cesantía. “Tenemos un gobierno que le ha hecho daño a la República. Por suerte tenemos un Congreso que con luces y sombras ha intentado encontrar soluciones“, afirmó.
A Quintana le siguió la senadora Yasna Provoste (PDC), quien puso énfasis en las acciones el Ejecutivo tras la aprobación del proyecto en sus trámites anteriores. “Cuando la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la sala con votos de la oposición y oficialismo apoyaron este proyecto, el presidente de la República decide ir al Tribunal Constitucional para poner un freno a esta tramitación y luego presenta una mala copia de este proyecto”, dijo.
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En la misma línea su compañera de bancada, Ximena Rincón (PDC), criticó que el gobierno acudiera al TC para “dar un portazo” al proyecto de reforma. “No contento con aquello, presenta un proyecto de ley, que viene a ser una mala copia de lo que hicieron nuestros colegas en la Cámara. Mala copia porque limitaba, cobraba impuestos, establecía un reintegro obligatorio, no consideraba las pensiones de alimentos”, aseguró.
La siguiente palabra la tuvo la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli), quien mencionó algunas deficiencias del proyecto, asegurando que muchas personas no cotizan y no podrán recurrir a los fondos en las AFP. “25 mil millones de dólares, según Hacienda, se han invertido de parte del Estado y es el segundo mayor aporte después de Brasil. A pesar del esfuerzo, debimos apostar a un mayor diálogo“, señaló.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
