Aún se discute en el Congreso el proyecto presentado por el Ejecutivo para que adultos mayores cumplan su condena fuera de la cárcel. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas para frenar el avance del COVID-19.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca dar la posibilidad a los adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas, de que cumplan su pena en libertad, excluye a quienes hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.
Y aunque esta iniciativa sigue en tramitación en el Congreso, senadores de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para que declare inconstitucional la exclusión de población penal condenada por delitos de lesa humanidad.
Entre los senadores que firmaron el requerimiento ante el TC está Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) y los independientes Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.
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Chahuán dijo que la idea es que el proyecto “pueda incorporar a todos los mayores de 75 años que hayan tenido una buena conducta adentro del penal, tengan bajos factores de riesgo acreditados por Gendarmería, entendiendo que dicho grupo es de baja peligrosidad y que van a mantener sus condenas en otro lugar, pero que son el grupo sin lugar a dudas más vulnerable hoy y que por la pandemia actual, su vida está en riesgo”.
El argumento legal dice que el proyecto vulnera los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, porque, según detallan, más allá del delito que hayan cometido, las personas de tercera edad son catalogadas como grupo de riesgo ante el COVID-19.
Asimismo, el requerimiento dicta que “en un recinto carcelario se concentra una población penal de adultos mayores de 70 años todos privados de libertad, con patologías médicas como diabetes, hipertensión arterial y cardiopatía coronaria y algunos de ellos se contagia producto de una visita o de gendarmes que no saben que están contagiados, en dos semanas tendremos un gran número de adultos mayores requiriendo hospitalización”.
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Raúl Meza, abogado de reos de Punta Peuco, se sumó a los esfuerzos para que la población penal condenada por violaciones a los derechos humanos pueda cumplir su condena fuera de los respectivos recintos.
A través de una carta enviada al Jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Carlos Ricotti, Meza argumenta que “las autoridades del Ministerio de Salud han informado que el segmento de la población con mayor riesgo de mortalidad son las personas adultos mayores sobre los 65 años de edad, con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inmunodeprimidos”.
El abogado expresa su “especial preocupación ya que el promedio de edad de la población penal que cumple condena en los penales de Punta Peuco, Colina 1 y el COF es sobre los 65 años de edad, muchos de ellos con enfermedades crónicas terminales”.
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Acusando que las medidas de prevención frente al coronavirus son imposibles de tomar en un recinto penal y recordando el llamado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió “el cumplimiento domiciliario temporal preventivo de los internos mayores de 65 años que cumplen condena en el penal de Punta Peuco, Colina 1 y en las demás unidades penales de la Región Metropolitana durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria con el objeto de prevenir el contagio masivo de los internos en dichos penales y la mortalidad de los mismos”.
En la misiva, argumenta que con esto se respetaría el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y el derecho a la protección de la salud.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
