La iniciativa, presentada por Francisco Chahuán (RN), Yasna Provoste (DC), Matías Walker (Demócratas) y Rojo Edwards (Republicanos), propone la creación de un registro de carácter obligatorio para transparentar el recibimiento de recursos por parte del Estado a fundaciones, personas naturales, jurídicas y organizaciones no gubernamentales.
Un grupo transversal de senadores ingresó esta jornada un proyecto de reforma constitucional para crear el Registro de Beneficiarios Finales de Fondos Públicos, tras la polémica surgida a raíz del traspaso de fondos estatales a fundaciones en el marco del Caso Convenios.
En concreto, la iniciativa presentada por Francisco Chahuán (RN), Yasna Provoste (DC), Matías Walker (Demócratas) y Rojo Edwards (Republicanos), propone la creación de un registro de carácter obligatorio para transparentar el recibimiento de recursos por parte del Estado a fundaciones, personas naturales, jurídicas y organizaciones no gubernamentales.
Del mismo modo, el proyecto establece que se deberá consignar cuál es el destino de dichos recursos públicos y quiénes son los receptores finales de los fondos asignados.
El registro está ideado para que dependa del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que los gastos de traspaso deberán considerarse en la Ley de Presupuestos de la Nación.
“Todos los chilenos podrán ser fiscalizadores de los recursos del Estado. Lo que buscamos es abrir todas las licitaciones públicas y entrega de recursos del Estado a fundaciones y ONG. Con los recursos de los chilenos no se juega”, sostuvo el senador y jefe de bancada, Francisco Chahuán.
En tanto, Yasna Provoste indicó que el proyecto “apunta a dar una señal transversal de que los fondos públicos deben ser ejecutados con transparencia, por instituciones con trayectoria y que existan métodos concursales para asignar esos recursos”.
“En la Ley de Presupuesto 2024 propondremos más límites a las asignaciones directas que tienen las transferencias corrientes y de capital (…) Es fundamental que las entidades que reciben recursos públicos estén acreditadas e inscritas en un Registro Transparente y que exista la obligación de rendición de cuentas de estos Fondos Públicos”, agregó la parlamentaria.
“No solo nos permitirá fiscalizar de mejor manera a las fundaciones, corporaciones u ONG que reciben recursos públicos, sino que también va a ser un mecanismo efectivo de combate al crimen organizado”, destacó Matías Walker.
“Queremos saber exactamente a dónde va a parar cada peso del Estado. Tiene que cambiar el paradigma, debemos avanzar hacia un Estado 100% transparente y se debe garantizar que cada chileno tenga un acceso fácil y gratuito a este registro”, aseveró el senador republicano, Rojo Edwards.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
