El dictamen de Contraloría que insta a la prescindencia de las autoridades de Gobierno fue publicado el mismo día en que el seremi participó en la charla. Sin embargo, el documento entró en vigencia tres días después.
Durante esta jornada se dio a conocer un registro audiovisual en el que el Seremi de Salud del Bíobío, Eduardo Barra, asegura que como Gobierno están disponibles para el Apruebo y que fueron mandatados por el presidente Gabriel Boric para impulsar la opción.
“Voy a recoger lo planteado por el presidente Boric, de quien estoy mandatado en esta mesa de mí hacer como seremi. Nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses, particularmente respecto a lo que es la Convención Constitucional y el plebiscito de salida”, sostuvo, según consignó Radio Biobío.
Luego, la autoridad regional señaló que “nosotros como Gobierno estamos disponibles para el Apruebo y lo vamos a impulsar, esa es nuestra opinión, y, como digo, estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo”.
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El dictamen de la Contraloría que insta a la prescindencia de las autoridades de Gobierno fue publicado el mismo día en que el Seremi de Salud participó en la charla. Sin embargo, el documento entró en vigencia tres días después.
“Las autoridades, jefaturas y funcionarios (…) en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas de este plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto”, establece el dictamen.
Respuesta desde el Gobierno
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos realizados por Barra y los calificó de “graves”. “Estamos con los antecedentes. No sé qué habrá interpretado el Seremi, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de prescindencia que deben respetar todos los miembros de este Gobierno, no solamente las altas autoridades, sino que también sus funcionarios”.
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“Evidentemente todos tienen el derecho a tener opinión y son ciudadanos chilenos y la libertad de expresión, pero en el marco de la prescindencia. Siendo funcionarios públicos, tienen que restringirse a ese mandato que ha sido instruido no solo por la Contraloría, sino que por este Gobierno”, agregó.
Finalmente, la secretaria de Estado afirmó que “los antecedentes se están recogiendo, pero sin lugar a dudas, esa declaración es grave porque no se ajusta al mandato de prescindencia que nosotros hemos establecido”.