La Superintendencia de Educación Superior resolvió realizar la petición debido a la "grave crisis financiera, patrimonial y administrativa" de la institución. Ahora el Mineduc debería nombrar a un administrador de cierre y reubicar a los estudiantes.
La Superintendencia de Educación Superior (SES) resolvió proponer al Ministerio de Educación (Mineduc) la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República (ULARE), lo que significará su cierre y la reubicación de sus más de 400 estudiantes.
La institución enfrenta una “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa” que, a juicio de la superintendencia, hace inviable la continuidad de sus funciones.
La decisión de la SES llega luego que, a fines de 2019, se instruyera un proceso de investigación y un posterior procedimiento administrativo sancionatorio contra la universidad. En diciembre de 2020, la superintendencia sancionó a la ULARE con la presentación de un plan de recuperación, pero la propuesta presentada por la casa de estudios el pasado lunes 22 de marzo no fue satisfactoria.
De acuerdo a la SES, las medidas comprometidas no permitirían subsanar la crisis de la institución, así como tampoco garantizar la continuidad del préstamo del servicio educativo.
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El superintendente Jorge Avilés señaló que “el principal objetivo de la sanción impuesta a la universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad”.
Ahora el Mineduc deberá nombrar a un administrador de cierre que tome el control de la institución y vele por la continuidad de estudios de sus alumnos, quienes deberían ser reubicados en otras universidades.
A raíz de esta noticia, el diputado Diego Schalper (RN) llamó a los estudiantes a “organizarse para enfrentar este duro momento y ver alternativas con el Gobierno”.
También emplazó al ministro de Educación “a ponerse las pilas y hacer la pega para que podamos reubicar oportunamente a esos estudiantes”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
