El Ministerio del Interior eliminó los e-mails de los ex jefes de gabinete que fueron solicitados por la fiscal Ximena Chong, quien investiga la eventual responsabilidad de autoridades civiles y uniformadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, justificó como un “protocolo que estaba establecido” el hecho de que se hayan eliminado los correos de cuentas institucionales de los ex jefes de gabinetes Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez.
El Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que el pasado 23 de marzo la fiscal Ximena Chong le solicitó al subsecretario Manuel Monsalve los e-mails de los personeros mencionados, en el contexto de la indagatoria que por la eventual responsabilidad de autoridades civiles y uniformadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
La nómina incluyó también a Rodrigo Delgado y los ex subsecretarios del Interior Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Además, se pidió respaldar los correos del entonces asesor de Interior, Mijail Bonito, consignó el medio citado.
“De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”, le respondió Monsalve a Chong mediante un oficio que llegó a la Fiscalía Centro Norte el 29 de marzo.
No obstante, la autoridad precisó que sí posible respaldar los correos de Delgado, Galli y Bonito e indicó que “los referidos archivos se entregarán en disco duro externo junto al presente oficio”.
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¿Qué dijo Siches?
Esta mañana, se le consultó sobre la situación a la ministra Siches en medio de una actividad oficial en La Pintana.
“Nuestro subsecretario ya ha respondido vía transparencia junto a nuestra jefa jurídica de que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno. Toda la información ha estado disponible y entregada por él a los distintos medios de comunicación”, contestó.
El medio citado también indicó que hasta 2014 existía una norma que obligada a las instituciones administrados por el Estado a conversar los registros de correos electrónicos por un periodo no inferior a seis años.
Sin embargo, al finalizar el primer gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) “Cristián Larroulet, derogó esa norma, la que no fue reemplazada”.
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Evalúan acciones judiciales
Finalmente, desde Londres 38, organización querellante en la indagatoria, dijeron al medio citado que están evaluando acciones judiciales por los correos borrados. “Lo que dicen ahora es que básicamente hubo destrucción de archivos”, sostuvo la abogada Karinna Fernández.
“Esto refleja una cultura que no tiene presente la rendición de cuentas de las principales autoridades del país de los hechos y gestión de sus propios gobiernos”, complementó Magdalena Garcés.
En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, manifestó que, sobre la norma derogada en 2014, “esta materia se abordaba desde una norma técnica y quizás debiera ahora pensarse en una norma de rango legal y desde una perspectiva más integral, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los correos electrónicos está asociado a derechos fundamentales de las personas”.
“Por otro lado, cualquier solución debe tener presente la modernización del Estado y, particularmente, la implementación que se está haciendo la Ley de Transformación Digital del Estado, marco en el que se están desarrollando una serie de normas técnicas que pueden establecer regulaciones asociadas a este tema”, concluyó.
