El Servicio presentó la acción legal luego de verificar, mediante un proceso de recopilación de antecedentes, que existían los fundamentos suficientes para ejercer una acción penal contra los representantes legales de tres empresas.
Una querella criminal por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa asociados al “Caso Hermosilla”, presentó hoy el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el 4°Juzgado de Garantía de Santiago.
El Servicio presentó la acción legal luego de verificar, mediante un proceso de recopilación de antecedentes, que existían los fundamentos suficientes para ejercer una acción penal contra los representantes legales de tres empresas.
La acción tiene su origen en una solicitud de antecedentes realizada por parte del Servicio a la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Oriente, “respecto a una causa que investiga dicha actividad relacionada con los delitos de apropiación indebida y estafa, entre otros delitos”.
De acuerdo al director del Servicio, Hernán Frigolett, afirmó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.
“Esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos“, complementó.
El caso
La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel Sauer y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, en sus calidades de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, quienes, durante los períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183,
La querella se presentó contra las personas señaladas y todos aquellos que resulten responsables.
El SII conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas.
Lee también: Quiénes son los hermanos Sauer, los dueños de las empresas mencionadas en audios filtrados sobre eventuales coimas
Dado que se menciona la utilización de posibles facturas no representativas de operaciones reales, el Servicio solicitó, mediante oficio al Ministerio Público, el acceso a la copia de la carpeta investigativa.
El objetivo de dicha solicitud era verificar la posible existencia de delitos tributarios en la causa. A fines de septiembre la Fiscalía entregó ciertos elementos de la carpeta investigativa, con lo que el Servicio inició su análisis, confrontando la información con los datos disponibles en el organismo, determinando que existían antecedentes suficientes para iniciar un proceso de Recopilación de Antecedentes, a cargo del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del SII.
Luego del análisis realizado, se emitió un informe para determinar la presentación de la acción penal que se concretó hoy.
Con todo, el Servicio de Impuestos Internos señaló que no descarta nuevas acciones respecto de más contribuyentes, que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización, en el marco del foco que mantiene el Servicio de Impuestos Internos en contra contribuyentes de comportamiento agresivo que cometen delitos tributarios, como también, en virtud del trabajo colaborativo que se desarrolla con el Ministerio Público, todo con el fin de determinar si existen nuevos delitos posibles de ser perseguidos ante los Tribunales de Justicia.
