El subsecretario del Interior se refirió a la confesión del líder de la CAM sobre el robo de madera, indicando que "a partir de las declaraciones de Héctor Llaitul ampliamos una demanda pública al fiscal nacional, para habilitar al Ministerio Público para investigar, determinar si hay delito y, si es que lo hay, eventualmente detener y procesar".
Esta jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión del Gobierno de no extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos.
En diálogo con ADN Radio, la autoridad señaló que “la línea del Gobierno respecto a los estado de excepción ha sido una sola. El presidente siempre ha sostenido que el Gobierno está disponible a usar todas las herramientas que da el estado de derecho para resguardar la seguridad de las personas”.
Sobre las expectativas que provocó la eventual extensión de la medida, el subsecretario explicó que “del 2015 al 2022, si uno mira los hechos de violencia rural en las cuatro regiones de la zona sur, el 3,8% de esos hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos. Si uno mira lo que llevamos del año 2022, el 5% de los hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos”.
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Asimismo, agregó que “desde el punto de vista cuantitativo, el 94% de los hechos de violencia rural están concentrados en los territorios en donde está declarado el estado de excepción”.
“Respecto a Los Ríos, reconocemos que hay una demanda de mayor seguridad (…) creo que estamos respondiendo de manera adecuada, en el contexto de una situación que es delicada”, añadió.
Sobre los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reconoció el robo de madera por parte de la organización, Monsalve sostuvo que sus declaraciones eran “graves” porque “reivindica el uso de las armas y en democracia la violencia no tiene espacio”.
“A partir de las declaraciones de Héctor Llaitul ampliamos una demanda pública al fiscal nacional, para habilitar al Ministerio Público para investigar, determinar si hay delito y, si es que lo hay, eventualmente detener y procesar”, dijo, agregando que “el Gobierno no puede detener personas, la persecución penal la hace otro organismo”.
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Respecto a las querellas, la autoridad sostuvo que “se transforman en una herramienta simbólica si no se traducen en que las personas responsables sean detenidas, procesadas y sancionadas”.
“Esto ocurre porque el Ministerio Público enfrenta dificultades para llevar adelante la persecución penal y lo que nosotros le hemos dicho es que nos digan cuáles son esas dificultades, para ver en qué forma el Gobierno concurre a ayudar el Ministerio Público. ¿Hay problemas estructurales para la persecución penal en el caso del sur? Yo creo que sí”, señaló.
Finalmente, subrayó que “para perseguir el crimen organizado, hay que fortalecer ciertas brechas legislativas y nosotros presentamos indicaciones al proyecto crimen organizado que busca dotar de capacidad al Estado para usar técnicas especiales de investigación en toda forma de crimen organizado, sea robo de manera, narcotráfico, trata de personas, entre otros”.
