El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, quien estuvo involucrado en la decisión de no innovar, votando en contra de remitir el caso a la Justicia ordinaria, emitió el voto definitivo que excluyó la participación del Ministerio Público en la investigación de Franco Vargas.
Este viernes, la Corte Suprema confirmó la suspensión temporal de la investigación sobre la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en Putre. La decisión se tomó después de que se acogiera la solicitud de la Fiscalía Militar para emitir una orden de no innovar en el caso.
Esta decisión implica que el Ministerio Público debe detener su participación en el caso hasta que se realice una revisión de fondo de la causa.
Es importante señalar que el ministro Jean-Pierre Matus Acuña, quien forma parte de la Segunda Sala de la Corte Suprema y estuvo involucrado en la decisión de no innovar, votando en contra de remitir el caso a la Justicia ordinaria.
Cabe destacar que Matus emitió el voto definitivo que excluyó la participación del Ministerio Público en este asunto.
Sin embargo, debido a que ha proporcionado asesoramiento legal al Ejército en otros casos legales, debió inhabilitarse en esta causa debido a un posible conflicto de interés, hecho que ha generado cuestionamientos en la Corte Suprema.
Suprema: Cuestionan a ministro Matus por no inhabilitarse en petición de no innovar realizada por Ejército.
Todo comenzó el pasado 21 de abril, cuando la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” en la comuna de Putre inició una marcha que resultaría fatídica, costándole la vida al soldado conscripto Franco Vargas y dejando a 45 soldados con un cuadro infeccioso de origen respiratorio.
Un grupo de 250 jóvenes de la Brigada Huamachuco inició una instrucción en el sector Pacollo, en la comuna. Del total, 45 recibieron “agresiones por parte de los superiores a su cargo”, según detalló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la investigación realizada por el caso.
Estas 45 personas “fueron sometidas a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas”.
La madrugada del 27 de abril, el grupo de soldados emprendió una caminata en condiciones climáticas extremas en el norte del país, enfrentando temperaturas que llegaron hasta los 15 grados bajo cero.
Según comentó uno de los compañeros de Franco en T13, este se desplomó y se le rompió la mochila de agua que llevaba, causando que quedara mojado.
“Él se había desmayado otra vez, ya venía con problemas previos. Yo lo vi cuando lo llevaban cargando y estaba todo mojado. Algunos decían que se pudo haber orinado por el frío, pero después supimos que se había reventado su mochila de agua”, explicó.
Debido a este hecho, Franco sufrió un cuadro de hipotermia durante la noche, lo que provocó problemas respiratorios no especificados, falleciendo momentos después, según informaron desde el Ejército.
Inicialmente, el Ejército informó que el joven “presentó problemas respiratorios, siendo trasladado de inmediato en vehículo a la enfermería del predio de instrucción, donde fue estabilizado por un enfermero militar y posteriormente trasladado al Cesfam de Putre, lugar donde lamentablemente se constata su deceso”.
Sin embargo, el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre confirmó que Franco Vargas llegó al centro asistencial muerto y no en una ambulancia militar, como había explicado el Ejército.
Ejército
El director del Cesfam, Aldo Rivera, en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Putre, detalló que el joven llegó fallecido en una camioneta y no en una ambulancia militar.
A raíz de la muerte de Vargas, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, anunció que 114 conscriptos decidieron abandonar el Ejército.
El jueves 2 de mayo, el Gobierno, a través de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, comunicó la apertura de una investigación penal por la muerte de Franco Vargas. En un comunicado, se detalló que el Ejército inició un sumario administrativo el 29 de abril para esclarecer las circunstancias del deceso y posibles responsabilidades.
Asimismo, se informó que la institución puso a disposición de la Fiscalía Militar todos los antecedentes para la apertura de la investigación penal correspondiente. Respecto a los 45 soldados con cuadro infeccioso, se indicó que estaban bajo monitoreo constante, aislados y sometiéndose a estudios para determinar la causa de la infección.
Días después de los hechos, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, anunció una serie de medidas debido a la investigación y la muerte de Franco.
La primera medida fue solicitar al Ministerio Público Militar que solicitara a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita (designándose días después a la ministra de Corte Marcial, Jenny Book) para que continuara con la tramitación de la causa. También decidió relevar a los comandantes directos involucrados en la campaña y la ejecución de la marcha en Pacollo.
Asimismo, relevó del mando al comandante de la Brigada Huamachuco y al comandante jefe de la Sexta División de Ejército, proponiendo su retiro de la institución por su responsabilidad de mando.
Debido a las dudas y múltiples hipótesis que surgieron en torno a la muerte del soldado de 19 años, el Presidente Gabriel Boric citó al comandante en jefe del Ejército.
“Quiero compartir mi dolor, consternación y preocupación por este hecho, porque los jóvenes que sirven a la patria están bajo el cuidado del Ejército de Chile y tienen que ser tratados con dignidad”, expresó el jefe de Estado en una rueda de prensa, confirmando la citación a Iturriaga.
Esa misma jornada, pero en la tarde, el general Javier Iturriaga reconoció desde el Regimiento Huamachuco en Putre, acompañado de algunos efectivos militares, que la información preliminar entregada tras la muerte del soldado conscripto “adoleció de falta de precisión”, lo cual derivó en “diferentes contradicciones”.
Tras su reunión en La Moneda, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, comunicó que Iturriaga continuaría en su cargo, aunque no proporcionó más detalles al respecto.
El 11 de mayo, la ministra en visita emitió una resolución inhibitoria de competencias, enviada al Juzgado de Garantía de Arica, solicitando que se abstuviera de continuar conociendo el caso del soldado fallecido y que remitiera todos los antecedentes al tribunal militar para su inclusión en el proceso actual.
Finalmente, la audiencia de competencia inhibitoria en el Juzgado de Garantía de Arica decidió mantener el caso y la investigación en la Justicia Civil y no en los tribunales militares.
El juez rechazó la solicitud de la ministra en visita y remitió los antecedentes a la Corte Suprema, la cual determinó la orden de no innovar de la Justicia Militar y decidió que la investigación por parte del Ministerio Público se detuviera hasta que se realice una revisión de fondo de la causa.
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