Ignacio García-Huidobro dijo que la subida de planes se debe a los pagos que deben hacer las empresas al perder juicios contra personas que buscan congelar el alza en sus contratos.Sin embargo, el Tribunal sostuvo que sí pueden hacerse cargo dadas sus altas utilidades. "La actividad de las Isapres constituye un negocio muy rentable", sostuvieron en un fallo de fines de marzo.
La Superintendencia de Isapres dio a conocer que cuatro aseguradoras abiertas del país tendrán un alza en las tarifas de los planes de salud, que se aplicará entre julio de 2019 y junio de 2020.
Las aseguradoras que aplicarán estas alzas son Cruz Blanca, con un aumento de 7,7%; Colmena, con 6,3%; Consalud, con 5,9%, y Banmédica, con 4,9%.
Tras darse a conocer esta noticia, el Superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, explicó a Cooperativa que el alza en las Isapres se debe a varios factores, dentro de los cuales llamó la atención uno: “La judicialización ha ido creciendo: hoy tenemos alrededor de 250 mil a 300 mil casos judicializados al año y eso tiene costos para el sistema que se traspasan a los usuarios”.
Al ser consultado sobre si el traspaso de los costos de la judicialización a los usuarios puede ser considerado como un abuso, señaló: “Yo no estoy justificando, estoy dando una explicación que interpretamos que dan respuesta a este reajuste (…) Se pudiese considerar un abuso, se pudiese considerar que el sistema no ha tenido toda la regulación que requiere porque estamos desde el año 2010 esperando una reforma”.
“Un negocio muy rentable”
El Tribunal Constitucional ratificó, a través de un fallo entregado 27 de marzo de 2019, que las Isapres no podrán descontar del pago de impuestos los costos por los juicios con los cotizantes.
Esto porque, en 2016, el SII decretó que todas las isapres deberían pagar un 35% de impuesto adicional por los gastos judiciales ante los miles de casos que llegaban a las cortes con el fin de congelar las alzas en sus contratos de salud.
Colmena, Banmédica y Consalud ingresaron un requerimiento en 2017 contra el Servicio que el Tribunal Constitucional terminó desestimando considerando que no se infringió ningún elemento de la legalidad tributaria.
En ese entonces se calculó que los impuestos por las siete Isapres fiscalizadas entre 2013 a 2016, ascendían a los cerca de 12.650 millones de pesos.
El Tribunal rechazó que ese gasto represente un obstáculo de magnitud que impida a las Isapres continuar con su giro económico.
En su fallo, además, aprovechó de mencionar que sólo Banmédica obtuvo ganancias en 2017 por cerca de 22 mil millones de pesos, un alza de 97% sobre 2016.
“Es un hecho público y notorio que la actividad de las instituciones privadas de salud previsional constituye un negocio muy rentable”, afirma el fallo reconociendo las “utilidades muy importantes” calculadas por la propia Superintendencia.
Por lo mismo, aseguró que “parece difícil de sostener, con una mínima consistencia, que la desestimación de un gasto de algo más de mil millones de pesos, incluido recargos, para la determinación de la base imponible, pueda representar un riesgo que amenace la supervivencia de una entidad como la requirente”.
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¿Y por qué las personas llegan a juicio?
Tras conocer el alza, los afiliados pueden mantener su plan vigente al nuevo precio, aceptar el plan alternativo ofrecido por la Isapre en la carta de adecuación, o bien ponerle término al contrato para cambiarse de Isapre o incorporarse a Fonasa.
Sin embargo, los cotizantes tienen la opción de reclamar en la Superintendencia de Salud o ante los Tribunales de Justicia, presentando un recurso de protección bajo el argumento de que las empresas no pueden subir de manera unilateral los precios base de los planes de salud.
De acuerdo a sitios que ofrecen el servicio de asistencia frente a las alzas, como StopIsapre.cl, ello “atenta contra los derechos que el afiliado adquiere cuando firma el contrato, los cuales solo pueden modificarse por acuerdo mutuo, excepto casos muy calificados”.
Condena transversal
Parlamentarios de diferentes sectores reaccionaron a la noticia del incremento en los cobros. El senador RN, Andrés Allamand, fue tajante y sostuvo que el alza derechamente es “injustificable”.
Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) fue directamente contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, a quién le refriega sus declaraciones en las que afirmaba que le pondría “el cascabel al gato” en la materia.