El organismo sesionará esta jornada para definir si acoge o no el requerimiento presentado por el gobierno para frenar la iniciativa impulsada por la oposición.
Anoche el gobierno ingresó al Congreso su proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, que va a tener un complejo debate que ya se ha podido evidenciar por la postura crítica que ha manifestado la oposición.
Por su parte, la iniciativa aprobada por el Parlamento hoy tendrá una jornada clave ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que definir si lo acoge o no, es decir, su admisibilidad.
La sesión está agendada para iniciar a las 9:00 de la mañana y se llevará a cabo luego que el Ejecutivo no retirara el requerimiento, pese a las peticiones tanto de parlamentarios oficialistas como de oposición.
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El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, expresó que “retirar el requerimiento implica promulgar un proyecto que para nosotros es inconstitucional”.
En contraste, el diputado Marcos Ilabaca (PS) aseguró que “hoy día el TC se ha vuelto el brazo armado del gobierno de turno”.
En la misma línea, su par Matías Walker (DC), aseguró que “nosotros vamos a concurrir al TC para defender lo que soberanamente resolvió el Congreso”.
En caso de que el requerimiento sea declarado admisible, luego vendrá la etapa de revisar el fondo.
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Uno de los aspectos que genera controversia es la figura de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm. Debido a su relación con el presidente Sebastián Piñera como una de sus asesoras más cercanas es que la oposición presentó un requerimiento para que se inhabilite.
José Antonio Viera-Gallo, ex ministro del TC, señaló que “siempre se puede solicitar, evidentemente sería un caso excepcional, ya que los ministros -si tienen algún impedimento de conocer alguna causa- deben manifestarlo de mutuo propio, otra cosa es que se acepte”.
El rol de Brahm será fundamental en caso de empate, ya que el reglamento establece que es la presidenta quien dirime, tal como pasó con el segundo retiro, que obtuvo una votación de 5-5 y se rechazó con su voto dirimente.
Finalmente, Viera-Gallo explicó que “si el TC rechaza el requerimiento del gobierno, el presidente todavía tiene la facultad de veto”.