La resolución generó opiniones opuestas en los distintos organismos. Por un lado, La Sociedad Chilena de Oftalmología catalogó el hecho como riesgoso para la Salud Pública mientras que Ópticas de Chile consideró que la política generaría un mayor acceso y protección financiera a los pacientes. Esto se suma a las cifras que demuestran que la oftalmología es la especialidad con mayores listas de espera.
El Tribunal Constitucional falló por nueve votos contra uno la derogación del artículo 26 del Código Sanitario, que prohibía la realización del examen visual al interior de los locales de ópticas por parte de tecnólogos médicos con mención en oftalmología y optómetras.
La “contrariedad de dicha norma con la Constitución Política” fue el motivo que dio el organismo para determinar la derogación de esta ley tras ser publicada su sentencia en el Diario Oficial.
La resolución pone fin a la disputa que existía entre las optómetras y los oftalmólogos que surgió el 2011 cuando se creó la Ley de Optometría.
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Según publica La Tercera, la Sociedad Chilena de Oftalmología se lamentó y catalogó los hechos como riesgosos tras afirmar que “se está abriendo la puerta a la desregularización de las actividades en torno a la salud visual en nuestro país. Esta medida sin dudas tendrá impactos negativos, particularmente en el ámbito de la salud pública”.
Además aseguraron que “derogar la norma vigente expone a la población a riesgos sanitarios reales y concretos”. En específico, el organismo dijo que la decisión del TC tendrá consecuencias en la prescripción y venta de lentes que se realicen fuera del equipo de salud.
“Un mal diagnóstico realizado al margen de la red de salud reconocida por la autoridad sanitaria puede incrementar el riesgo de que patologías de alta prevalencia, como glaucoma y retinopatía diabética, no se detecten a tiempo, con un daño irreparable para miles de chilenos”, concluyó la organización.
En tanto, el presidente ejecutivo de Ópticas de Chile, Marco Antonio Núñez, valoró la resolución y habló de las implicancias positivas que tiene el hecho para la salud en Chile.
“El fallo del Tribunal Constitucional nos parece tremendamente positivo pues reestablece el espíritu de lo que pretendía la Ley de Optometría que fue promulgada en 2011. Ésta constituyó un tremendo avance para cumplir con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, al destrabar el monopolio del diagnóstico de vicios de refracción, extender la prescripción de lentes a tecnólogos médicos con mención en oftalmología y a optómetras”, aseguró.
Además, Nuñez dijo que existen evidencias que demuestran que la nueva medida genera ventajas en el acceso, calidad y protección financiera cuando el examen visual primario se puede realizar al interior de la óptica y al mismo tiempo se regula por la autoridad sanitaria y los colegios profesionales.
En cuanto a la agenda de trabajo de Ópticas de Chile, este organismo llevará a cabo una agenda de trabajo con el fin de establecer puentes entre sociedades médicas, el sistema público y las ópticas.
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La salud visual es una de las deudas de los gobiernos en Chile ya que, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud sobre el segundo semestre del 2019, cuenta con las listas de espera más extensas de todas las especialidades médicas.
Hoy existen 313.900 personas que buscan ser atendidas y las 5 patologías con mayor retraso -particularmente en Fonasa- son las cataratas, cáncer cervicouterino, vicios de refracción, retinopatía diabética y salud oral integral de la embarazada, lo que evidencia que en el sistema de Garantías explícitas de salud, tres de las cinco patologías con la mayor lista de espera pertenecen a oftalmología.
Los incumplimientos de los plazos de atención de estas patologías son particularmente graves para los expertos en Salud Pública, ya que es posible reducir el retraso en el diagnóstico de las alteraciones oculares en gran medida a partir de la ampliación de la oferta de tecnólogos médicos y optómetros.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
