La moción presentada por diputadas de oposición "está muy lejos de ser un proyecto de aborto libre", indicaron desde la Mesa de Acción por el Aborto. ¿En qué se diferencia la iniciativa chilena con la ley de interrupción del embarazo aprobada en Argentina? Aquí, distintas protagonistas explican en detalle el proyecto.
Esta semana, la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a discutir el proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
En la primera sesión, se estableció un calendario para las próximas audiencias de discusión y acordaron una semana para escuchar a organizaciones que quieran participar del debate.
“¿Por qué discutirlo ahora? ¿Estamos aprovechando el vuelito de lo que pasó en Argentina? Hay una campaña orquestada”, declaró la diputada María José Hoffmann (UDI) en la instancia.
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Las declaraciones de Hoffmann son a propósito de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2020, día en que el Senado transandino aprobó el proyecto de aborto libre presentado por el presidente Alberto Fernández, el cual se promulga este jueves 14 de enero.
Pero hay que dejar en claro que el proyecto que comenzó a discutirse en Chile no es el mismo que comenzará a regir en Argentina esta semana.
En 2018, las diputadas Camila Vallejo (PC), Camila Rojas (Comunes), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS), Claudia Mix (Comunes), Daniela Ciccardini (PS), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD), Cristina Girardi (PPD) y Loreto Carvajal (PPD) ingresaron una moción parlamentaria que propone la modificación del Código Penal con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Actualmente, el artículo 344 del Código Penal advierte que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”.
Desde Corporación Humanas, la abogada Camila Maturana explica las modificaciones que se buscar realizar a los siguientes artículos del Código Penal:
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Dentro de estos artículos a modificar no se incluye el numeral 1 y 2 del art. 342, que castiga a quienes ejercen violencia en contra de una mujer embarazada y a quien no ejerce violencia pero actúa sin el consentimiento de la mujer. “Podría existir una mujer que no quiere abortar y una persona la obliga a hacerlo”, ratificó Camila.
Por esto, desde Humanas declaran que “no se quiere despenalizar al tercero con violencia y al tercero sin violencia que en contra de la voluntad de la mujer interrumpe su embarazo”.
La abogada añadió que lo que quieren es “despenalizar a la mujer que decide abortar y al que ayuda con consentimiento: una amiga, mamá, personal de salud, acompañantes, toda la gente que hoy es criminalizada porque acompañaron a una mujer que abortó”.
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Una de las diputadas que presentó la iniciativa, Maite Orsini (RD), presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, indicó que “si una mujer interrumpe voluntariamente el embarazo por una causa distinta de las tres causales que están establecidas se va presa. Lo que busca el proyecto de ley es evitar la criminalización de la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo”.
Efectivamente, una mujer que interrumpe su embarazo de manera voluntaria puede ser penalizada desde los tres años y un día hasta los cinco años de cárcel.
Al respecto, la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, Gloria Maira, dijo que “el proyecto de despenalización lo que hace es eliminar del Código Penal la sanción y la criminalización de las mujeres que interrumpan por propia decisión una gestación”.
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Asimismo, Maira explica “la moción parlamentaria está restringida a aquellas normas que no impliquen compromiso de fondos públicos. Lo que se está proponiendo es despenalizar la decisión de las mujeres en esas primeras 14 semanas de gestación”.
Un día antes que comenzara la tramitación en la Comisión de Mujer de la Cámara, el vocero Jaime Bellolio aseveró en entrevista con ADN Radio que “el presidente Piñera ha sido muy claro, que este gobierno no está a favor del aborto sin causales”.
En la misma línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, reiteró la posición y agregó: “nuestra postura siempre ha sido y será proteger la vida y la dignidad humana”.
Las mujeres argentinas mayores a los 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito. Menores de 13 años podrán hacerlo en compañía de su madre, padre o representante legal y desde los 13 hasta los 16 las adolescentes necesitarán autorización.
Para esto, el sistema de salud argentino podrá practicar abortos sin causales y el personal sanitario deberá brindar un trato digno, respetar la voluntad de las mujeres y garantizar la privacidad y confidencialidad del proceso.
En el caso de que un funcionario de salud -que no haya informado ser objetor de conciencia- dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto será sancionado penalmente e inhabilitado para ejercer.
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Por otro lado, en Chile, lo que se busca es que las mujeres no sean penalizadas en caso de interrumpir el embarazo hasta la semana 14.
Gloria Maira indicó que el proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 “está muy lejos de ser un proyecto de aborto libre”.
“En un proyecto de aborto libre existe el compromiso y una voluntad del Estado que se pone al servicio del ejercicio de un derecho, en este caso el de una mujer al decidir sobre una gestación”, instó.
En definitiva, en caso de aprobarse la despenalización del aborto en el país, las mujeres no podrán asistir a un establecimiento sanitario para realizarse un aborto fuera de las causales que permite la ley vigente.
La primera vez que se tipificó como delito el aborto en Chile fue en 1874. 57 años más tarde, en 1931, se despenalizó el aborto con fines terapéuticos. ¿La ley vigente en Chile es igual a la de 1931? No.
Aquella legislación de principios del siglo XX no indicaba una definición concreta de terapéutico, como sí lo hace el aborto en tres causales. Por lo mismo, Maira dice que “esa interpretación de lo terapéutico estaba sujeta a donde llegabas a hacer el procedimiento”.
“Está el caso del Hospital Barros Luco, donde había una interpretación del aborto terapéutico ligado no solamente a condiciones biológicas, sino también a los determinantes sociales que están directamente relacionado con la salud y con la vida de las mujeres”, explica la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto.
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Más de medio siglo después, bajo la dictadura militar, se volvió a penalizar la interrupción del embarazo en 1989.
Todo cambió en 2015 cuando la ex presidenta Michelle Bachelet ingresó el proyecto de aborto en tres causales (inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida de la madre) incluidas en el artículo 119 del Código Sanitario. Dos años después, en 2017, se hizo ley.
Tras esa ley, según los datos del Ministerio de Salud (Minsal), entre 2018 y octubre 2020 se han practicado 2.009 abortos, los cuales se desglosan así: 997 por inviabilidad fetal (49,6%), 642 por riesgo de vida para la mujer (32%) y 370 por violación (18,4%).
Durante años, organizaciones feministas han planteado la demanda por un aborto libre, gratuito y seguro en Chile. Así, cada 25 de julio miles de mujeres marchan llenando las calles de color verde.
Desde la carrera presidencial, entre los candidatos que aparecen en las encuestas y han declarado su opinión al respecto, están Joaquín Lavín (UDI), Daniel Jadue (PC), Pamela Jiles (PH) y Paula Narváez (PS).
Lavín afirmó no aprobar un proyecto de aborto libre: “un proyecto así lo vetaría si fuese presidente”. Además, en conversación con Estado Nacional, declaró estar “en contra de la causal de violación” en el marco del aborto en tres causales vigente en el país.
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Por otro lado, Jadue, Jiles y Narváez han expresado públicamente estar a favor de una ley de interrupción voluntaria del embarazo.
¿Podría existir en Chile un proyecto de aborto libre? Maira cree que el acercamiento a la posibilidad está de la mano con “el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres y eso pasa por los debates constitucionales”.
Así, la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto aclaró que el país y la institucionalidad democrática deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas “para avanzar a una legislación que permita la decisión de la mujer con plena autonomía y seguridad”.
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La diputada Orsini explicó que “la Constitución Política del ’80 establece que hay ciertas iniciativas de ley que son exclusivas del presidente de la República, aquellas con gasto fiscal son de iniciativa exclusiva del presidente y la legalización del aborto es garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas genera un gasto fiscal porque es una prestación de salud”.
Por lo mismo, las parlamentarias no pueden presentar esa iniciativa.
“Para que podamos tener un aborto legal y garantizado para las mujeres hasta las 14 semanas, el presidente Sebastián Piñera o la próxima presidenta de la República tendría que presentar este proyecto de ley, o bien modificar la Constitución y entregar más facultades al parlamento”, especificó la parlamentaria RD.
Por lo demás, Orsini realizó el siguiente llamado al gobierno y sus pares legislativas del oficialismo: “espero que el debate de ideas que podamos dar en la Comisión de Género pueda abrir la posibilidad de que evalúen aceptar un proyecto de ley de estas características”.
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Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
