La ministra del Interior recalcó la necesidad de hacer cambios al sistema, ya que “han quedado en evidencia algunos problemas”. Pese a ello, aclaró que “ningún sistema de nombramiento por sí solo resuelve situaciones de este tipo”.
Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los cuestionamientos que rodean al sistema de nombramiento de jueces, asegurando que desde el Gobierno “pensamos desde antes del caso Hermosilla que es necesario hacer cambios”.
Los dichos Tohá se dieron a propósito del terremoto que se desató al interior del Poder Judicial luego de que se revelaran conversaciones que habrían sostenido ministros de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla. En ellas queda en evidencia eventuales filtraciones de información y tráficos de influencia.
Consultada sobre una eventual crisis en el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, la secretaria de Estado señaló que “nosotros (el gobierno) pensamos desde antes de este incidente, desde antes del caso Hermosilla, que es necesario hacer cambios en la manera en que está organizado hoy día el sistema”.
“En los procesos constitucionales, que todos sabemos que concluyeron con dos rechazos, todos los sectores que estuvieron representados en esas instancias propusieron cambios al sistema de nombramiento y nosotros como Gobierno estamos preparando una propuesta en esa dirección”, agregó.
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Afirmó que casos como el que involucra al abogado Luis Hermosilla vuelven a poner de manifiesto esta necesidad, ya que “han quedado en evidencia algunos problemas”. Pese a ello, aclaró que “ningún sistema de nombramiento por sí solo resuelve situaciones de este tipo”.
“Es importante tener sistemas de control, vigilancia, transparentes, de información y rendición de cuentas. (…) Cambiar el sistema de nombramiento de los jueces nos parece una pieza relevante y como Ejecutivo estamos bastante avanzados en una propuesta. Nuestro plan es presentarlo a mediados del mes de octubre”, cerró.
Finalmente, señaló que, cuando hay una situación de este tipo, todos están llamados a que “las decisiones que hagamos contribuyan a fortalecer y restituir la confianza en el funcionamiento de la justicia (…). A nosotros como Ejecutivo nos corresponde proponer nombres y al Parlamento votar si aprueba o no aprueba esos nombres, y la aprobación debiera centrarse en la idoneidad de los nombres que se propongan”.
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