El pasado martes, ante la demanda interpuesta por un funcionario del INDH sede Biobío, que, entre otras cosas, acusó al directo Sergio Micco de no persistir en las indagaciones del único detenido desaparecido del estallido social de 2019, la toma que lleva siete meses en desarrollo cortó el diálogo que ya habían avanzado con representantes del instituto.
La toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y familiares de víctimas de daño ocular, que ya lleva siete meses en curso, vive una nueva complejidad. El pasado martes sus integrantes decidieron cortar el diálogo con representantes de las autoridades del organismo tras conocerse una demanda interpuesta por Harun Oda, uno de los funcionarios de la sede regional del Biobío, contra el director del INDH, Sergio Micco, la cual difundida en un reportaje de La Red.
La acción fue presentada aquel martes, relatando hechos graves, como el no querer investigar la detención y posterior desaparición de una persona en Concepción, de la cual Harun acusó inacción de parte de Micco. Se trataría de Geraldo Monares, único detenido desparecido en el contexto del estallido social de 2019. Aimismo, Harun detalló que recibió múltiples amenazas en medio de su labor como observador de DD.HH., y que sus quejas y solicitudes para resguardar su salud mental no habrían acogidas por el INDH.
En dicho contexto, las y los integrantes de la toma difundieron rápidamente un comunicado en que decidieron “suspender las negociaciones” que habían mantenido con el organismo, “a pesar de la prepotencia e indiferencia con la que Micco se ha relacionado con los sobrevivientes”.
“Son los propios funcionarios del INDH los que están exigiendo su salida, entonces, ante la gran mochila de antecedentes que tiene Sergio Micco, es que teníamos que retomar la petición de su salida”, explicó al medio Víctor Chanfreau, ex líder de ACES y miembro de la toma. Así, enfatizó en que “la mesa de negociación quería hablar de otros temas, pero nosotros insistimos que no, que era prioritario hablar de la salida de Micco, porque él termina tomando las decisiones, entonces podíamos llegar a muy buenos acuerdos con la mesa de negociación, pero quien realmente iba a tomar cartas en el asunto sería Micco“.
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En respuesta, el INDH publicó una declaración en la que manifestaron que los representantes de la toma “volvieron a plantear exigencias que vulneran claramente la autonomía del INDH y que ya habían sido superadas en las conversaciones anteriores, con el propósito de concentrarnos en el común interés de proponer y reclamar medidas estatales de reparación -adecuadas, efectivas y proporcionales al daño recibido- a las víctimas de violaciones a los derechos humanos acaecidas en el contexto de la crisis social”, reiterando su llamado a poner fin a la ocupación de la sede.
Sin embargo, este miércoles se conoció que el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, lleva adelante diálogos para descomprimir la toma. Según consignó Cooperativa, el revés reactivó las tensiones existentes entre los “bandos” al interior del consejo del instituto. Del grupo formado por 11 consejeros, hay quienes tienen afinidades políticas con el centro, la derecha y la izquierda, diferencias que se marcaron con especial fuerza tras el estallido. Hoy, en tanto, mantienen la pugna en base a desalojar o no la toma del recinto ubicado en calle Eliodoro Yáñez.
No obstante, en julio, un 45% de directorio será renovado, oportunidad en que Boric tendrá la facultad de asignar a un nuevo consejero. Consuelo Contreras, ex directora del INDH y parte de la “disidencia” a la gestión de Micco, señaló a La Segunda que “hay negociaciones entre gente de la toma con el equipo del próximo mandatario para destrabar el conflicto“.
De esta manera, agregó que su opinión personal es que “la gente que está en la toma debería deponerla, necesitamos las sedes”. Finalmente, otro consejero dijo al vespertino que sus colegas se sintieron “bypasseados” por Boric, puesto que el martes de la semana pasada se formó una mesa de conversación que incluyó a víctimas de trauma ocular y víctimas de violaciones contra los derechos humanos, “que no estaban en la toma, pero de alguna manera lograron incluir en el diálogo a algunos participantes y ahora la gente de la toma ya no quiere conversar con nosotros“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
