"Nos parece que esta es una decisión grave porque, primero, no permitió escuchar a partes intervinientes como el propio fiscal a cargo (...) no se le permitió participar en la audiencia y tampoco se le permitió participar en esa audiencia a los abogados del Ministerio del Interior", expresó el subsecretario Manuel Monsalve.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica de suspender la entrega de las identidades de 56 testigos en la causa en contra de Los Gallegos, grupo célula de la organización criminal internacional Tren de Aragua.
En ese sentido, la autoridad señaló que la resolución del juez Héctor Barraza, que ordenaba revelar a las defensas de la causa la identidad de 56 testigos, “nos parece que esta es una decisión grave porque, primero, no permitió escuchar a partes intervinientes como el propio fiscal a cargo (…) no se le permitió participar en la audiencia y tampoco se le permitió participar en esa audiencia a los abogados del Ministerio del Interior”.
En esa línea, señaló que el Gobierno se encuentra evaluando las facultades constitucionales y legales que tiene “para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente”.
“Estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 22 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial“, anunció.
Asimismo, agregó, “eso es conducente a la presentación de un eventual requerimiento para analizar la conducta del juez a la Corte Suprema de Justicia“.
Por otro lado, la autoridad se refirió a los antecedentes entregados a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.
En dicha instancia, el subsecretario del Interior, detalló el número de beneficios otorgados y reveló que cerca del 10% de quienes han recibido estos beneficios contaban con antecedentes penales.
Al respecto, Monsalve expresó que estas pensiones “se han entregado primero, porque fue el Congreso Nacional que en la Ley de Presupuesto aprobó dos glosas que permitían la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social”.
“Las pensiones de gracia a afectados por el estallido social se entregaron en el gobierno del presidente Piñera y en este gobierno. Ambos gobiernos han aplicado lo que aprobó el Congreso. (…) las pensiones se entregan en base a la glosa doce que fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Las pensiones de gracia se han entregado respetando rigurosamente el procedimiento que se estableció a través de una resolución del Ministerio del Interior, resolución del 4 de enero de 2022 firmada por el subsecretario JuanFrancisco Galli”, explicó.
Asimismo, añadió que “se han establecido todos los requisitos que allí se pedían, se pedía que hubiera un informe de afectaciones entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otro organismo competente. Y en segundo lugar se estableció un conjunto de antecedentes que deberían entregarse, ninguno de ellos hacía alusión a que había que entregar los antecedentes penales, por lo tanto, ni el subsecretario Galli en el gobierno anterior, ni en este gobierno se pidieron los antecedentes penales”.
“La Ley de Pensiones de Gracia que data del año 1981 (…) hasta ahora no hemos encontrado ninguna resolución ni ningún reglamento interno del Ministerio del Interior desde el año 81′ a la fecha en el cual la entrega de Pensiones de Gracia que ha hecho el Estado de Chile haya pedido previamente los antecedentes penales”, zanjó.
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