Mientras Vivanco y Matus enfrentan acusaciones por conversaciones con Luis Hermosilla, Muñoz enfrenta un caso de hace algunos años por una supuesta revelación de una causa a su hija para favorecerla en un negocio inmobiliario.
Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. Las últimas horas han estado marcadas por los anuncios de Acusaciones Constitucionales que se podrían presentar contra los tres ministros de la Corte Suprema. Sin ir más lejos, grupos de diputados ya anunciaron dos acciones constitucionales contra Vivanco y Matus.
Los casos contra ellos se dieron a conocer públicamente hace algunos meses, lo que incluso motivó la constitución de la Comisión de Ética del máximo tribunal.
El caso volvió a tomar vuelo tras los chats revelados el pasado sábado por Ciper de la ministra Vivanco con Luis Hermosilla, principal imputado en el denominado caso Audios.
En el reportaje, se dio cuenta de conversaciones que databan al menos desde 2018, cuando Vivanco le pidió ayuda a Hermosilla con su nominación para la Corte Suprema.
Posteriormente, ya con Vivanco en el pleno, Hermosilla le pidió como favor que integrara una sala para revisar una causa de la PDI que le interesaba.
Además, Vivanco le habría compartido información sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba como asesor del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Finalmente, se reveló que ambos coordinaron esfuerzos para bloquear la nominación de María Soledad Melo cuando se candidateó al máximo tribunal.
Pero el caso no termina ahí. Actualmente se está investigando el rol que tuvo el esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles, en nombramientos dentro del Ministerio Público.
Esto, dado que Migueles le habría ofrecido un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, cuyo teléfono ya fue incautado por sus chats con Luis Hermosilla.
Otro de los magistrados de la Corte Suprema vinculados a Luis Hermosilla es Jean Pierre Matus. En julio pasado, Ciper dio a conocer la existencia de chats entre el magistrado y el abogado formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
Tras la revelación, éste último realizó un punto de prensa en el que aseguró que “no hay ningún whatsapp mío, porque no hay, yo se los desmiento. Ellos (Ciper) lo único que hacen es poner un titular, haciendo aparecer como que yo tuviera whatsapp con el señor Hermosilla y no hay, y no van a haber“.
Más allá de sus dichos, en agosto, el propio medio citado dio a conocer los chats en los que Matus se coordinaba con Hermosilla para la defensa de la Acusación Constitucional que se presentó contra el ex ministro Andrés Chadwick, histórico socio y amigo de Hermosilla.
Durante la formalización de Hermosilla, el Ministerio Público reveló que los fondos para pagarle a un abogado alemán que ayudaría en la defensa de Chadwick salieron de las cuentas de Factop y de STF, corredora de bolsa de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, quienes están en prisión preventiva por el caso Factop.
Y también se dio a conocer que a Matus se le pagaron $14 millones a través de un cheque por su trabajo junto a Luis Hermosilla.
Un tercer ministro apuntado, especialmente por la oposición, es el juez Sergio Muñoz, aunque su situación no tiene relación con el caso Audios.
A Muñoz se le acusó de filtrar información confidencial a su hija, la jueza Graciel Muñoz, lo que le habría favorecido en un negocio inmobiliario.
La acusación apunta a que ella le señaló a una ejecutiva inmobiliaria del proyecto Eco Egaña que desistiría de dos promesas de compraventa y que lo habría justificado señalando que ‘este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema‘”.
Por este motivo, cuando se constituyó la Comisión de Ética de la Corte Suprema a raíz de las revelaciones del caso Audios, también se pidió la revisión del caso contra Muñoz en dicha instancia.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
