La magistrada Viviana García determinó que la identidad de los 5 testigos protegidos que presentará el Ministerio Público en el juicio oral contra el líder de la CAM debe ser conocida por los intervinientes. El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su disconformidad con la decisión: “Todas las instituciones del Estado deben proteger a las víctimas de los delitos violentos”.
El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió que la identidad de los cinco testigos protegidos que presentará el Ministerio Público en el juicio oral contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, debe ser conocida por la defensa y los intervinientes.
Llaitul es imputado por delitos como usurpación, robo de madera y atentado contra la autoridad.
En la instancia, la magistrada Viviana García indicó la identidad debe ser conocida, pero no divulgada para quienes no son intervinientes en el caso. Además, estableció un plazo de tres días para que la Fiscalía le dé a conocer la decisión del tribunal a los testigos.
De este modo, la audiencia se reanudará a las 9:00 horas del próximo viernes 21 de abril.
La jueza argumentó que, basándose en los artículos 307 y 308 del Código Penal sobre la reserva de identidad de testigos, “al efectuar una interpretación armónica se entiende que esta solicitud se debe tener en la etapa de juicio oral. En esa oportunidad se deberá solicitar al tribunal, si es que se pronuncia o no respecto a la protección de los testigos”.
“Teniendo presente que la Fiscalía de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene el deber de proteger a las víctimas y testigos, debe atender a lo que establece el artículo 259 y siguientes. En el caso que desee efectuar la solicitud de protección los testigos o advertir que hay peligro para la seguridad de los testigos, debe hacer las solicitudes previas al tribunal. Y estima este tribunal que, desde el punto de vista formal, corresponde acceder a la petición de la defensa, por cuanto a correcciones de vicios formales”, sentenció.
La magistrada también ordenó omitir en la acusación los hechos de contexto ocurridos en 1997.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó que, como entidad, no están “conformes”. “Estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a las de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas”, agregó.
Además, expresó: “Vamos a insistir en la necesidad de que, para evitar la impunidad en Chile y para asegurar la justicia en casos tan graves como ese, el testimonio de sus testigos sea oído por los tribunales”.
Finalmente, el persecutor insistió en el “deber legal” de “todas las instituciones del Estado de proteger a las víctimas de los delitos violentos”.
También sostuvo que tanto la Fiscalía Nacional, como la regional, “no van a cejar en el esfuerzo de proteger a las víctimas de los casos de delitos violentos en La Araucanía”. Se agotarán “todos los recursos, todos los medios con los que contamos: legales y procesales; para seguir protegiendo a las víctimas de la violencia en La Araucanía”, sentenció.
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