Según los diputados, "el cambio en las fechas tiene un impacto directo en los datos disponibles para detectar variaciones interanuales de manera efectiva". Desde el Gobierno dijeron que las acusaciones iniciales -de Harboe- son "injustificadas y desinformadas”.
Este jueves, los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Henry Leal, y la diputada independiente Natalia Romero, presentaron un oficio a la Contraloría General de la República y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), luego de que el Gobierno hiciera modificaciones en la metodología y las fechas en que se realizó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc).
Según los diputados, “el cambio en las fechas tiene un impacto directo en los datos disponibles para detectar variaciones interanuales de manera efectiva, ya que necesariamente el análisis de las cifras requiere que estas correspondan a los mismos períodos, pero de años diferentes”.
Apelan , además, a la “exactitud”, que “resulta fundamental para la implementación de políticas públicas en materia de seguridad, donde la información oficial que refleje en forma fidedigna los niveles de victimización y la ocurrencia de delitos en nuestro país se configura como un insumo básico y esencial en la formulación de planes y acciones para enfrentar los problemas de inseguridad y la delincuencia en concordancia con lo que realmente se detecta en los hechos”.
Por su parte, el diputado Leal hizo enfatizó en que para cambiar la metodología en las tomas de muestras “se requiere al menos un comité de expertos que asesore al Gobierno, pero no puede el Gobierno estar manejando y cambiando criterios a su arbitrio”.
Por ello, y de comprobarse los cambios, instaron a la Contraloría y al INE a que se pronuncien respecto a la denuncia, haciendo referencia a la “presunta modificación relativa a no considerar en la medición el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2022”, sumado a las razones que justificarían el cambio, los nombres y cargos de los funcionarios responsables de efectuar dichos ajustes, así como los períodos efectivamente contemplados en el proceso de levantamiento de datos.
Todo partió a raíz de una denuncia que hizo este miércoles el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, donde acusó al Gobierno de cambiar la fecha de la toma de muestras para la Enusc.
“Si de números vamos a hablar, creo que es muy grave que actual administración alteró la fecha de toma de muestras de la encuesta de victimización, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años”, dijo.
Harboe señaló que “esta es una encuesta que está desde 2003 y resulta que no tomaron medida entre septiembre y diciembre del año pasado, nadie sabe por qué y resulta que la tomaron después. Entonces nos van a dar los resultados esta semana y probablemente no va a ser comparable con los años anteriores”.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que las acusaciones de Harboe son “injustificadas y desinformadas”.
La autoridad explicó que la metodología de la encuesta se vio modificada por la pandemia por el COVID-19, lo que produjo que la encuesta se acortara y que su modalidad pasara de presencial a mixta, con preguntas telefónicas.
Vergara indicó que tras la pandemia se “aprovechó la oportunidad para incorporar mejoras que han sido recomendadas hace varios años por parte de la academia, los expertos y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
