El juez de garantía está en el ojo de la polémica tras permitir videollamadas a algunos presos de la cárcel de alta seguridad que están ligados al Tren de Aragua. Urrutia "no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial, a Gendarmería y al propio Gobierno", expresó la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann.
La polémica que empaña por estos días al juez Daniel Urrutia, tras permitir videollamadas a reclusos vinculados al Tren de Aragua desde la cárcel de alta seguridad, está lejos de terminar. Y es que no solo desde el Ejecutivo han calificado su decisión como “ilegal”, sino que en otros sectores han ido más allá y están pidiendo su expulsión.
Es el caso de la UDI, que está solicitando a la Corte Suprema la suspensión o expulsión del juez porque “le hace daño al país”. Así lo expresó la secretaria general del partido, María José Hoffmann, quien en un punto de prensa este lunes comentó que Urrutia “está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado”.
A su juicio, el magistrado “no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial, a Gendarmería y al propio Gobierno”.
En esa línea, el senador Iván Moreira apuntó a que los hechos asociados al juez “no son aislados; es una conducta permanente de un privilegio especial a quienes cometen violencia, y en este caso al crimen organizado y al narcotráfico, al entregarle beneficios que no corresponden cuando está en juego el Estado de derecho, la seguridad nacional”.
“Queremos pedirle al Poder Judicial la suspensión y, como son tantos los hechos, la expulsión”, manifestó, agregando que “ya es hora que la Corte Suprema actúe, suspenda o expulse al juez Urrutia porque le hace daño al país y las determinaciones del juez son un golpe bajo para las víctimas del narcotráfico, del crimen organizado y los delincuentes. Eso no lo podemos aceptar”.
En un documento fechado al 19 de enero y dirigido al alcaide de la Unidad Especial de Alta seguridad del recinto penitenciario, el juez Urrutia permitió videollamadas de reclusos ligados al Tren de Aragua con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
La decisión, de acuerdo al escrito, se basó en los postulados de algunas convenciones vinculadas a las buenas prácticas y la protección de las personas privadas de libertad, las que recomiendan “mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares”.
La medida, aplicada en la cárcel de alta seguridad y donde hay criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por Gendarmería y por el Gobierno.
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