De acuerdo al diputado Coloma, jefe de la bancada gremialista, la iniciativa busca beneficiar "a personas que están siendo investigadas o incluso han sido condenadas por cometer graves delitos en nuestro país”.
En representación de la bancada de la UDI, el diputado gremialista Juan Antonio Coloma reiteró que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el proyecto de ley, que busca hacer responsable al Estado respecto de las víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales, se siga tramitando en el Congreso.
Al respecto, el jefe de la bancada sostuvo que la iniciativa es un acto de “validación de la violencia” y que “algunos pretenden instalar una verdadera arquitectura de la impunidad del Estado y del beneficio económico en la Cámara de Diputados”.
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De acuerdo al parlamentario, la iniciativa busca beneficiar “a personas que están siendo investigadas o incluso han sido condenadas por cometer graves delitos en nuestro país”.
En esa línea, Coloma cuestionó que se “excluya a personas que han sido las verdaderas víctimas de estos delitos, que fueron vandalizadas y que sufrieron la quema y el saqueo de sus locales comerciales, como también los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, que fueron gravemente atacados por estos delincuentes”.
En tanto, el diputado Jorge Alessandri (UDI), señaló que el proyecto dice “quienes son víctimas y quienes no” y que “se presume la culpabilidad del Estado”.
“Evidentemente se transgreden los principios de nuestra constitución de no discriminación y del juicio que debe haber antes que el Estado haga un cheque para indemnizar”, aseguró.
El boletín número 13854-17 plantea establecer una regulación especial con el objetivo de determinar la responsabilidad del Estado respecto a todas las personas, participantes o no de protestas, que hayan sido victimas de lesiones, mutilaciones y muertes en el contexto de las movilizaciones del 18 de octubre.
En específico, propone un procedimiento especial de reparación para las y los afectados, entendiendo que el “Estado ha incurrido en falta de servicio al proteger los derechos a la vida, y la integridad física y síquica“, de acuerdo al boletín.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta octubre de 2020, 3.023 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Hasta esa fecha, 163 personas sufrieron traumas ocular adjudicados a agentes del Estado.
Cabe destacar, que la iniciativa descarta una reparación a funcionarios policiales y de orden. No obstante, comprende que existen personas heridas en instituciones como Carabineros, Militares y Policías de Investigaciones.
Sin embargo, el proyecto plantea que, al tener acceso a un sistema de salud y previsional, junto al haber sido lesionados en ejercicio de sus funciones, es el Estado el que se ha preocupado de contener la situación de estos funcionarios.
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