Son 51 los parlamentarios que han optado por sistema de arriendo para su transporte, con un gasto promedio mensual de $770 mil. La mayoría de estos diputados pertenecen a RN y UDI.
Cerca de un tercio de los diputados utiliza vehículos arrendados para transportarse a través de rent a car, los que son pagados a través de las asignaciones para gastos operacionales.
Según La Tercera, serían 51 los parlamentarios que han suscrito contratos por un año o más con distintas empresas de arriendo de autos, lo que incluye asistencia en viaje, seguros y mantenciones, además de permiso de circulación y revisión técnica.
El gasto promedio de un diputado por este concepto es de $770 mil al mes, y algunos parlamentarios mantienen arriendos de dos vehículos.
Del total, 22 parlamentarios pertenecen a Renovación Nacional, 16 de Unión Demócrata Independiente, cuatro de Evópoli, tres independientes y otros cinco de la DC, PPD y PS.
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El vehículo preferido entre los diputados es el modelo Tiguan de Volkswagen, cuyo valor asciende a los $15.5 millones.
Según parlamentarios que defienden este tipo de gastos, el rent a car libera de una carga burocrática a la Cámara y permite mantener constantemente los servicios de transporte.
“En lo personal cubro 14 comunas del sector sur de Santiago (…), en consecuencia la traslación es una cuestión importante del trabajo de un parlamentario en terreno”, explicó el diputado Leonardo Soto.
Planteamiento que no comparte la parlamentaria de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien aseguró que “terminar con los privilegios” es parte fundamental de su partido.
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“Lo que da a conocer La Tercera hoy día es parte sintomática de esa enfermedad: la consolidación de los privilegios dentro de la política y el servicio de la política a servicios privados y no públicos”, dijo la diputada.
En tanto, consultado sobre el asunto, el senador Felipe Kast recalcó que en cualquier acto político debe haber transparencia. “Lo que más me preocupa a mí es el tema de los viáticos, que son elementos que no se justifican”, dijo.
Cabe señalar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones autoriza convenios de estas características, con montos máximos para estos fines operacionales dependiendo de la región, y van desde los $3.927.000 hasta los $4.627.000.
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Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
