De acuerdo al defensor público, Carlos Mora Jano, el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar podría causar una especie de "condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ningún castigo por ser absueltas de todo cargo”.
De las 21.833 personas que estuvieron en prisión preventiva durante la investigación penal en su contra, solo a 8.245 de ellas se les impuso una pena de cumplimiento efectivo, es decir, a un 37,8 del total se les dictó una sentencia.
Esa es la cifra entregada por el defensor nacional, Carlos Mora Jano, en la cuenta pública participativa de su gestión institucional durante 2023, instancia en la que criticó el “aumento sostenido de la prisión preventiva y el abuso de su aplicación como medida cautelar“.
“¿Fue necesaria la aplicación de la medida más gravosa para el 62,2% restante?”, se cuestionó el abogado, apuntando a que el uso y abuso de la prisión preventiva sigue al alza, lo que ha “decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad”.
Menores de edad
En el caso de personas menores de 18 casos, Mora Jano señaló que de los 1.352 adolescentes que fueron atendidos por defensores penales públicos y que fueron internados provisoriamente, solo a 329 de ellos se les condenó a estar privados de libertad, lo que corresponde a un 27,3%.
“Es decir, al 72,7 por ciento de dichos jóvenes, o no se le condenó o fueron sentenciados a una pena en libertad o menos gravosa que la internación total”, detalló.
Así, el jefe de la Defensoría Penal Pública hizo énfasis en que desde el organismo han insistido “constantemente en que el abuso de esta medida puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ningún castigo por ser absueltas de todo cargo”.
Imputados declarados inocentes o no condenados
En el caso de los imputados que durante 2023 estuvieron privados de libertad y que luego se les declaró inocentes o no condenados -por medio de absoluciones, sobreseimientos o por decisión de no perseverar en la investigación- el defensor comentó que esta cifra llegó a 2.007 personas.
Incluso, afirmó que dicho número asciende a más de 40 mil desde la creación de la Reforma Procesal Penal.
De esa manera, Mora comentó que el año pasado, la prisión preventiva se decretó en el 9% de las causas ingresadas al servicio, es decir, a 25.431 personas a nivel nacional.
Finalmente, el defensor señaló que desde el organismo seguirán trabajando para “velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa”.
“Es fundamental avanzar en estas materias para que el sistema de justicia criminal sea consistente con el desarrollo de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, y garantice el respeto al debido proceso en materia de persecución”, concluyó.
