La iniciativa también permite que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
Este lunes la Cámara de diputados aprobó de forma unánime el proyecto “Chao Dicom”, que prohíbe que se informe sobre las deudas que se contraen para financiar la educación superior y a su vez que se eliminen los registros.
El primer informe, rendido ante la Sala por la diputada Camila Rojas (Comunes), da cuenta que el proyecto consta de un artículo único que establece que tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.
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La norma, aprobada en general por 117 votos a favor, también incluye a aquellas deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
El proyecto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
Ahora el proyecto se someterá a sufragio en la Comisión de Educación porque -según la diputada Rojas- “la UDI insistió en sus indicaciones (que ya había perdido), ahora se votarán en comisión (muy probablemente perderán de nuevo) y vuelve a sala. Ahí ya sería ley”, aseguró.
“Estamos cada vez más cerca de un pequeño y primer acto de justicia para toda una generación que ha debido endeudarse por estudiar”, señaló la parlamentaria de Comunes.
En la misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) celebró la aprobación de la Cámara Baja e indicó que es “un paso pequeño pero firme hacia el alivio de miles de personas endeudadas por estudiar”.
Antecedentes
El proyecto, originado en el Senado, entrega como antecedentes que según el último informe Deuda Morosa, publicada por DICOM en el segundo trimestre del año 2018, eran más de 4 millones de deudores morosos en nuestro país.
De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180 mil personas estaban en los registros por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
Por otro lado, la moción entrega antecedentes de Fundación Sol, donde se señala que de acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), sobre los créditos otorgados por la Banca (CAE, Corfo o a través de recursos propios) para financiar la educación superior, se puede observar que en marzo de 2010 se registraban en torno a 270 mil jóvenes endeudados por un monto total de $894 mil millones.
Esta cifra que se triplicó en diciembre de 2017, donde se registran 616 mil jóvenes endeudados por un monto total de $2,62 billones (millones de millones).
“Es el primer acto de justicia para toda una generación que ha debido endeudarse por estudiar”, señaló la parlamentaria Camila Rojas (Comunes), quien estuvo encargada de rendir el informe ante la Sala.
