La indicación ingresada por el Ejecutivo apuntaba a que el segundo nivel de uso de la fuerza, que es la disuación verbal, contemple un tratamiento distinto cuando se trate de niños, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad.
Este miércoles, el Congreso fue escenario de un intenso debate en torno al proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza, tras la presentación de una indicación por parte del Gobierno que busca establecer un tratamiento diferenciado para ciertos grupos de la población por parte de las policías y las Fuerzas Armadas.
La iniciativa ha generado críticas tanto desde la oposición como del oficialismo, ya que pretende considerar especificidades para el uso diferenciado de la fuerza en situaciones que involucren la presencia de niños, niñas o adolescentes; mujeres; diversidades sexuales; personas con discapacidad; migrantes, indígenas o adultos mayores.
El diputado de la UDI Jorge Alessandri afirmó “la fuerza ilegítima debe ser repelida igual, sin importar quién la ejerza”.
Además, agregó: “En México, la gran crisis de asalto a los bancos fue protagonizada por mujeres armadas, ¿están sugiriendo que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) no intervenga en esos casos porque las perpetradoras son mujeres? Una bala disparada por una mujer, un adulto mayor, un menor de edad o una persona indígena causa el mismo daño a las víctimas”.
Por su parte, el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, cuestionó “la ideología del Gobierno”, por su aparente falta de límites, “al sugerir que la bala de un mapuche o de una persona homosexual no causa tanto daño como la de otro delincuente”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la indicación argumentando que no contiene “nada nuevo” y aclaró que el artículo estaba contemplado para el segundo nivel del uso de la fuerza, es decir, la disuasión verbal.
Asimismo, la secretaria de Estado hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a no realizar interpretaciones erróneas sobre el proyecto y resaltó la importancia de proteger a los grupos mencionados en la legislación.
Desde el oficialismo, el diputado del PPD Raúl Soto cuestionó la indicación, calificándola como “irrisoria” y “absurda”.
“Es absurdo sugerir que se debe tener una consideración especial por las diversidades sexuales, por las minorías o por los migrantes, al regular cómo actúan las policías y las Fuerzas Armadas ante el crimen organizado en nuestro país”, añadió.
En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó su sorpresa por la indicación, señalando que no ha sido consultado al respecto. “Prefiero emitir una opinión una vez que conozca el proyecto en su totalidad“, concluyó en conversación con Cooperativa.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
