“Yo soy la mamá de un hijo que está preso por venta de drogas. El día en que se llevaron a mi hijo, no encontraron nada en la casa. Ahora me entregan una notificación que me demolerán la ampliación, que hice desde el 2000", relató Elena Orellana, preocupada ante el aviso de que su vivienda era considerada una "narco casa".
Durante la mañana de este miércoles, en la comuna de La Florida se realizó el cuarto operativo de demolición de una “narco casa” en la población Los Quillayes, registrándose enfrentamientos en el sector.
En los alrededores, un grupo de personas lanzaron piedras y tomates contra funcionarios de Carabineros. Además, el jefe municipal Carter fue insultado por algunas personas.
Y entre los testimonios, destacan los vecinos de Elena Orellana, quienes aseguraron que la madre del sujeto aprehendido por narcotráfico, no se dedica al tráfico de drogas, sino que comercializa empanadas y pastel de choclo.
“Yo soy la mamá de un hijo que está preso por venta de drogas. El día en que se llevaron a mi hijo, no encontraron nada en la casa. Ahora me entregan una notificación que me demolerán la ampliación, que hice desde el 2000. Mi hijo está preso por tráfico. Yo vivo ahí, es mi casa desde 1985. Por eso estoy acá: ¿Por qué me van a demoler a mí, si yo no vendo drogas?”, afirmó Elena.
Tras este procedimiento, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado por esta medida, y calificó como “importante” la coordinación entre el municipio, Ministerio Público y las policías, en el combate al narcotráfico.
“Todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son positivos. Uno podrá opinar acerca si aportan más, aportan menos, si son una solución única. Creo que no hay ninguna autoridad pública en el Estado que pueda sostener que una medida como esa puede ser la solución única, pero siempre se valoran las iniciativas de los distintos agentes del Estado que ayudan a combatir eficazmente al narcotráfico”, afirmó.
Sin embargo, la medida que está utilizando el alcalde Rodolfo Carter para la demolición de las “narco casas” es un subterfugio legal respecto a la edificación irregular, y no persecución de sustancias ilícitas, junto a sus respectivos proveedores.
“Si el alcalde adoptó una medida de esa naturaleza dentro del ámbito de sus funciones, no me corresponde emitir a mi opinión sobre su mérito”, añadió el fiscal Valencia.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
