La Fiscalía ha impugnado la decisión mediante un recurso de nulidad, alegando violaciones a garantías constitucionales y un proceso deliberativo apresurado.
Luego de que el pasado 15 de mayo el Cuarto Tribunal Oral de Santiago decidiera, de manera unánime, absolver al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Anita María Pinochet, del delito de lavado de activos, la Fiscalía Centro Norte interpuso un recurso de nulidad alegando deficiencias en el veredicto y acusando que la deliberación final duró solo “45 minutos”.
El caso ha estado rodeado de controversias, sobre todo luego de que el tribunal cuestionara de manera contundente la investigación del organismo persecutor, que había solicitado una pena de 15 años de prisión para los acusados, asegurando que existían “dudas razonables” sobre la validez de la imputación.
El caso se había centrado en una presunta malversación de más de $2.900 millones por parte de los acusados.
Fiscalía presenta recurso de nulidad
En respuesta a esta decisión, el persecutor José Morales ha presentado un recurso de nulidad, en el que alega que las tres magistradas responsables del juicio “infringieron garantías constitucionales“al dictar un veredicto absolutorio que, según se sostiene, había sido previamente redactado.
Además, se critica la lectura “sesgada” de la acusación y el apresuramiento en la deliberación, que, según el reclamo, duró solo 45 minutos tras un juicio de 161 días, consignó un reportaje de Mega.
Este plazo, según el recurso, implicaría que las magistradas dedicasen solo 3,3 minutos por día de juicio en la deliberación privada, lo que, se argumenta, vulnera el debido proceso.
El recurso de nulidad ha sido respaldado también por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y la Sala Penal de la Corte Suprema será la encargada de decidir si se debe llevar a cabo un nuevo juicio oral o ratificar la absolución.
Por otro lado, la defensa de Fuente-Alba y su esposa ha solicitado a la Corte de Santiago que condene al CDE y a la Fiscalía a pagar los costos legales, argumentando que la acusación carecía de justificación probatoria.
