Caso Víctor Jara: Exmilitar implicado en su asesinato perdió su ciudadanía estadounidense

(EFE/CNN Chile) – Un juez de Estados Unidos le quitó la ciudadanía estadounidense al exmilitar chileno Pedro Barrientos, debido a su implicación en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara.

El juez Roy Dalton, de la corte de Florida, despojó de la nacionalidad al exteniente Barrientos por su participación en la muerte del cantautor nacional. “Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010″, informó el juez Dalton.

Según el expediente judicial, Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía, porque, al haber cometido actos ilegales, además de entregar un falso testimonio y participado en ejecuciones extrajudiciales, estaba invalidado para solicitar la nacionalidad estadounidense.

¿Cómo ingresó el exmilitar a Estados Unidos?

Según información judicial, en julio de 1990 el exteniente Barrientos ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante y siete años después contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense.

En los trámites migratorios, como de residencia permanente y ciudadanía, respondió que no había realizado el servicio militar y omitió participación en alguna organización política. Además, negó haber participado en algún genocidio o asesinato de cualquier persona, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

Los hechos

La demanda civil fue presentada en el 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991. Desde ese entonces, la familia ha presionado para que el exmilitar sea extraditado a Chile.

De hecho, durante el 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando responsabilizó al exmilitar de la muerte del cantautor Víctor Jara tras una demanda presentada por su esposa Joan Turner, junto a su dos hijas, Manuela y Amanda.

En ese contexto, el jurado solicitó el pago de una millonaria compensación por daños y prejuicios a la familia Jara, por los hechos que acontecieron en el Estadio Nacional, recinto que fue usado como un centro de detención y tortura tras el golpe de Estado de 1973.