Ambos imputados ampliaron esta semana sus declaraciones a Fiscalía, revelando presuntas gestiones tributarias para Tonka Tomicic, irregularidades en campañas políticas administradas por Joaquín Lavín León, y posibles deudas millonarias de la exdiputada Andrea Molina con la empresa Factop.
La investigación del Caso Audios y las operaciones de la empresa Factop siguen destapando conexiones entre figuras políticas, empresarios y abogados, luego de que este lunes, Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg ampliaran sus declaraciones ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, aportando nuevos antecedentes sobre los presuntos pagos ilegales y financiamientos irregulares.
En concreto, Villalobos, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Miguel, declaró sobre gestiones tributarias realizadas a pedido de Hermosilla, entre las que destacó trámites para la regularización fiscal de Tonka Tomicic, utilizando información confidencial de la presentadora, y pagos a un gestor externo para cumplir estas operaciones, según consignó La Tercera.
“En marzo de 2023, Hermosilla me pidió revisar la situación tributaria de Tonka y sus empresas. Me envió por WhatsApp el RUT y clave tributaria de ella, con los cuales accedí al portal del SII y le reenvié la información. Posteriormente, en junio, me solicitó regularizar la empresa unipersonal Diamond, propiedad de Tomicic, para lo cual gestioné la acreditación de actividad y domicilio tributario” inició explicando la jurista.
La abogada también reveló que realizó pagos a Patricio Mejías, “quien logró inscribir el domicilio mediante un contrato de arriendo entre Inversiones DAS -representada por Ariel Sauer- y Diamond”, desde su empresa, Steuern, esto a pedido de Luis Hermosilla.
“Él sabía que las gestiones requerirían un pago a Mejías, aunque desconocía el monto exacto. A cambio, Hermosilla intercedió con Tomicic para que ella saldara una deuda con una clienta mía, lo que cumplió en cuotas”, señaló.
Declaración de Rodrigo Topelberg
Por su parte, Topelberg, socio de los hermanos Sauer, entregó algunos detalles sobre gestiones que habría hecho el diputado de la UDI y esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León.
“Para la campaña (de concejal a Ñuñoa en 2012) de mi hermano, que fue financiada con recursos de mi familia y no de Factop, contratamos a Joaquín Lavín León para que la administrara. Sabía que Lavín León había coordinado diversas campañas políticas, lo que me hizo confiar en su experiencia. En ese proceso me ayudó Daniel Sauer, quien en ese momento era mi amigo y, según entendía, lo hacía de manera desinteresada para apoyarme a mí y a mi familia”, indicó.
“En las mismas elecciones, Lavín León fue jefe de campaña de Marcelo Torres, candidato de Renovación Nacional a la alcaldía de Maipú, quien en mayo de 2012 retiró su candidatura y fue reemplazado por Lavín León. No me extrañaría que nos haya cobrado de más para financiar su propia campaña, aunque esto deberá ser investigado”, añadió.
Además, Topelberg abordó detalles sobre operaciones de Factop vinculadas al financiamiento de campañas políticas, incluyendo deudas millonarias de figuras como la exdiputada de la UDI, Andrea Molina, y mencionó posibles irregularidades en los servicios ofrecidos por el factoring.
Según su declaración, la exparlamentaria había solicitado financiamiento a Factop en abril de 2013, por recomendación de Eduardo Pantoja, colaborador de Grupo Patio, mientras buscaba recursos para impulsar su postulación al Senado de 2014.
La declaración de Topelberg también detalló que Molina, quien perdió esa elección, obtuvo un préstamo de $80 millones; devolvió $40 millones tras la devolución del Servicio Electoral (Servel) y “el resto lo renovaba con cheques personales del Banco Edwards y el Banco Bice”.
“En 2017, para su candidatura a alcaldesa de Viña del Mar, solicitó $120 millones adicionales. También perdió esa elección y el Servel le devolvió menos de lo esperado. Aunque pagó un crédito al BancoEstado, no saldó su deuda con Factop, que a octubre de 2023 ascendía a 443 millones de pesos, incluyendo intereses. Este monto está registrado como parte de los activos de Factop en el proceso de reorganización judicial”, explicó.
El empresario además dio a conocer que la pareja de Molina, Jorge Peralta, enfrentó problemas con facturas relacionadas con servicios de marketing político que derivaron en un pasivo de $4.000 millones.
No obstante, la defensa de la exparlamentaria negó que exista dicha deuda.
“Lo que se ha dicho que la cantidad que es más allá de los 90 millones de pesos que la Andrea sí reconoce haber pedido corresponde a este mecanismo de financiamiento ilegal que como a la Andrea y otras empresas fue aumentado en relación con la cesión que la Andrea dejó resguardando a la empresa. El sistema que tenía operativo y que parecía legal aumentaban estas acreencias a sus clientes”, precisó el abogado Andrés Bustos.
Finalmente, indicó que el abogado Ricardo Escobar, socio del estudio Bofill, Escobar & Silva, realizó una especie de “control de daños” en el Servicio de Impuestos Internos, en relación con facturas ideológicamente falsas de sociedades vinculadas a Álvaro Jalaff.
“En mis tres meses en Capitán Yáber, escuché comentarios sobre cómo Álvaro Jalaff, tras mi querella entre julio y agosto de 2023, recurrió a Escobar para abordar el problema con las facturas de sus sociedades”, explicó
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el jurista, quien sostuvo que solo le había entregado a Jalaff recomendaciones legales en términos generales.
