El director de la División de las Américas de Human Rights Watch explicó que esa categoría corresponde a personas que "son perseguidas por sus ideas". En el caso nacional, afirmó que hubo quienes utilizaron el estallido social "para cometer delitos".
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se sumó al debate sobre la pregunta de si existen presos políticos en Chile tras el estallido social de octubre de 2019. En entrevista con la cadena Deutsche Welle, dijo que “hay que tener mucho cuidado con los conceptos”.
Vivanco explicó que “presos políticos son esencialmente presos de conciencia; personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, simplemente por tratar de promover una idea diferente de la oficial, como ocurre por ejemplo en Cuba”.
En ese sentido, afirmó: “no creo que existan en Chile presos políticos, hay que tener mucho cuidado con los conceptos”.
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El director regional de HRW señaló que “en el caso de Chile, efectivamente hay muchas personas que han sido procesadas por los desórdenes que se produjeron, también por vandalismo, por atentar contra la propiedad por delitos de incendio, etc. Es importante que estos casos sean investigados con pleno respeto al debido proceso“.
Sin embargo, agregó que “hay que hacer una diferencia entre las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron por parte de los policías y los delitos que también se han cometido por parte de grupos violentos que no han protestado pacíficamente, como tienen derecho de acuerdo a las normas internacionales, sino que han utilizado esta situación de reclamo justo, pacífico, de las grandes mayorías en Chile para cometer delitos”.
Un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de indulto general para las personas detenidas en el contexto del estallido social. En entrevista con CNN Chile, una de las impulsoras de la iniciativa, la senadora Yasna Provoste (DC), argumentó que hay muchos jóvenes privados de libertad hace más de un año, sin antecedentes previos, por lo que acusó “un uso abusivo de la prisión preventiva”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
